Abad señala que en España hay “un problema de calidad democrática”

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DEBATE SOBERANISTA

09 de enero de 2014 (17:36 CET)

El movimiento independentista esgrime un argumento central: España no se puede homologar con los países demócraticos más avanzados porque no permite una consulta soberanista tal y como plantea el President Artur Mas. El problema, como defiende la cúpula de CiU, especialmente el conseller de Presidència, Francesc Homs, es que no se deja votar a los catalanes. Y el presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, muy cercano a las tesis de CiU, ha ido más allá al sostener que en España hay “un problema de calidad de su democracia”.

Abad considera que el derecho a decidir debería garantizarse, y no únicamente para poder votar en 2014 sobre la independencia de Catalunya. “El derecho a decidir nunca lo hemos interpretado para una sola vez y una sola pregunta”, ha asegurado, dando a entender que ese supuesto derecho debería ser extensible a otras cuestiones, con la idea de homologar a España con la comunidad internacional en ese aspecto.

Es decir, Abad piensa más en una ley de consultas para muchas otras cuestiones, como ocurre en Suiza. El problema es que el derecho a decidir que defiende CiU y ERC es, en realidad, un referéndum de autodeterminación.

Miedo a democracia

Según Abad, “al empresariado catalán no le da miedo la democracia”, tras reclamar diálogo para conseguir acercar la política a la realidad social y empresarial. El presidente de Cecot ha descartado, además, que el debate sobre la consulta en Catalunya esté afectando a los productos catalanes en el resto de España. “La sensación es de pura normalidad”, ha afirmado Abad.

Pero las consideraciones del dirigente de la Cecot, integrada en Foment, contrasta con la cúpula de la gran patronal catalana, que preside Joaquim Gay de Montellà.

Y es que la pequeña y la mediana empresa está más cercana a las posiciones soberanistas, mientras que las grandes empresas y los dirigentes patronales siguen defendiendo que los problemas concretos de Catalunya, como una financiación pública insuficiente, se deberían solucionar a través de una negociación directa con el Gobierno español, sin provocar un choque de trenes por la voluntad del Govern de convocar un referéndum de autodeterminación.
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