Torra, a la derecha, con Aragonès en un pleno del Parlament. EFE/Quique García
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El vicepresidente catalán ejerce de poli bueno tras el desencuentro del president con los empresarios en la reunión del Círculo de Economía

Barcelona, 31 de mayo de 2019 (19:13 CET)

Tras la frialdad patente el jueves entre los empresarios y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la inauguración de la reunión anual del Círculo de Economía en Sitges, al vicepresidente del gobierno catalán y conseller de Economía, Pere Aragonès, le volvió a tocar ejercer de poli bueno y templar los ánimos. 

Frente al maximalismo al que se abona Torra en cada intervención pública, que fue el que también exhibió el jueves en Sitges, Aragonès bajó el tono. Por un lado, con el Gobierno del PSOE. Por otro, con los mismos empresarios.

El número dos  del govern Torra pidió al ejecutivo socialista que "venza el inmovilismo" y retome las conversaciones con la Generalitat en los términos que se planteaban en la declaración que la Moncloa y el govern pactaron en el encuentro entre Torra y Pedro Sánchez celebrado en Pedralbes el 20 de diciembre.

En su conferencia, Aragonès consideró que hay un conflicto "entre la legitimidad democrática y la legalidad vigente" y que la situación se puede aguantar "un timepo, pero no indefinidamente", por lo que "lo tenemos que resolver". A su juicio, se trata de hacerlo a partir de aquel acuerdo de mínimos suscrito en Pedralbes, en realidad apens una vaga declaración de intenciones en la que se admitía "la existencia de un conflicto político" y la necesidad de reiterar el "compromiso con el diálogo" y de "potenciar los espacios" que lo hagan posible.

Apuesta para que las sedes vuelvan a Cataluña

El hombre fuerte de Esquerra en la Generalitat buscó también la complicidad de los empresarios. Veinticuatro horas después de que Torra les reclamara implicación en la causa del referéndum, Aragonès optó en cambio por lanzarles un caramelo y se comprometió a "facilitar al máximo, mediante decisiones políticas", el retorno a cataluña de las sedes  sociales de las empresas que optaron por marcharse tras el 1-O.

"Si queremos recuperar el prestigio y la reputación de la economía, si queremos generar autoconfianza en nuestra economía, es un paso necesario", dijo, según informa EFE. Aragonès insistió en la tesis de la Generalitat de que la fuga de sedes no ha tenido un impacto sobre la actividad económica autonómica a corto plazo, pero admitió que comporta un "cambio de anotación en el registro mercantil", lo que conlleva, por ejemplo, que las juntas de accionistas se celebren fuera de Cataluña. Y eso, reconoció, "no es una anécdota".

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