Artur Mas se declaró «máximo responsable» del 9-N ante el juez instructor

El Tribunal Supremo aún puede asumir la causa contra Mas, Ortega y Rigau si así lo pide la Fiscalía

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Cuando el juez instructor del caso 9-N citó a declarar a Artur Mas el pasado 15 de octubre, el entonces presidente de la Generalitat en funciones abrió y cerró su declaración judicial con un alegato político en el que reconoció ser «el máximo responsable» de la consulta independentista

«Me declaro el máximo responsable de haber tomado la iniciativa política, de haber ideado y de haber impulsado el proceso participativo del 9-N», dijo Artur Mas antes de contestar a las preguntas del juez. Y como colofón a su comparecencia, al cabo de más de una hora de declaración, el entonces presidente insistió en que «no escondo ninguna responsabilidad desde el punto de vista institucional y político. Las asumo todas. Lo he dicho desde el primer día», según consta en la transcripción de la declaración a la que ha tenido acceso el diario La Razón.

Artur Mas hizo estas afirmaciones ante el juez Joan Manel Abril, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo investiga por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos por su papel en la convocatoria de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En su declaración, Mas reconoció que la Generalitat «colaboraba, informaba y proveía material y servicios» para que la consulta fuese un éxito, pese a que cinco días antes había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

Artur Mas insiste en que no daba órdenes

No obstante, Mas aseguró que «no daba órdenes ni dictaba instrucciones». Cuando el Tribunal Constitucional prohibió la consulta en una providencia, el entonces presidente de la Generalitat indicó que se dejó la organización en manos de voluntarios y «ante el éxito de participación nos atrevimos a tirar para adelante, a completar la faena que correspondía a la Administración».

Artur Mas subrayó que su intención fue «cumplir estrictamente» la providencia del TC, aunque en sus respuestas incurrió en contradicciones: la Generalitat cedió centros escolares para ser habilitados como colegios electorales, facilitó ordenadores y programas informáticos para la votación y encargó la confección de las papeletas y de las urnas. También contrato la instalación de una carpa para acoger los numerosos periodistas que cubrieron aquella jornada.

La Generalitat impulsó la consulta

«Es evidente que la Generalitat proveyó materiales y servicios. Ahí no nos podemos esconder, porque éramos impulsores de este proceso. Estaban las sedes donde se iba a celebrar el proceso participativo, los institutos, que dependen de la Consejería de Educación», admitió Artur Mas.

No obstante, apuntó que la consulta «se había diseñado para ser ejecutada por la Administración de la Generalitat», pero a partir de la suspensión del Constitucional «cambió el formato» y el gobierno catalán «dejó de ser responsable de la ejecución» de la consulta, «que pasaba a manos de los voluntarios». Entonces ya no era una consulta, sino un «proceso de participación ciudadana».

El caso del 9-N todavía puede ser admitido en su totalidad por el Supremo

El juez Joan Manel Abril envió todo el sumario del caso 9-N al Tribunal Supremo, pero, de momento, su Sala Segunda solo ha admitido a trámite la pieza que hace referencia a la actuación de Francesc Homs porque, de los cuatro investigados, es el único aforado por su condición de diputado en el Congreso.

La Sala Segunda se quedó con la exposición razonada enviada por el juez Abril, pero le devolvió la instrucción por lo que concierne a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. Mas adelante, una vez se pronuncie la Fiscalía del Tribunal Supremo, se decidirá si la causa se agrupa en el Tribunal Supremo o se sigue en dos instancias judiciales distintas.La Sala Segunda se quedó con la exposición razonada enviada por el juez Abril, pero le devolvió la instrucción por lo que concierne a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. Mas adelante, una vez se pronuncie la Fiscalía del Tribunal Supremo, se decidirá si la causa se agrupa en el Tribunal Supremo o se sigue en dos instancias judiciales distintas.

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