Lluís Recoder, en el centro, era el consejero de territori en la época en la que se adjudicó ATLL a Acciona. EFE

ATLL: Cronología de la concesión más bochornosa de la Generalitat

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El gobierno de Artur Mas firmó la concesión de ATLL a Acciona en plena campaña de 2012 para lograr 300 millones inmediatos. Un mes después fue desautorizado

Marcos Pardeiro

Economía Digital

Lluís Recoder, en el centro, era el consejero de territori en la época en la que se adjudicó ATLL a Acciona. EFE

Barcelona, 21 de febrero de 2018 (18:27 CET)

No existen precedentes de una adjudicación tan tormentosa (por volumen y por forma) como la acometida por la Generalitat en noviembre de 2012, cuando adjudicó la explotación de Aguas Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona para lograr una millonada (298,7 millones de entrada y 686,9 millones más al cabo de 50 años). Era el 6 de noviembre de 2012, la campaña electoral estaba en marcha y, por tanto, no había gobierno constituido. Pero el gobierno en funciones, liderado por Artur Mas, y el entonces consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, no pestañearon y dieron a Acciona por ganadora de una concesión de 50 años que debía permitir aliviar en cinco décimas el déficit de la Generalitat. El 27 de diciembre se firmó el contrato.

ATLL era, sin duda, la empresa pública con mayor valor de la Generalitat. CiU se la encontró con una astronómica deuda de 800 millones (de "intimidante magnitud", en palabras del Tribunal Supremo), pero seguía siendo la joya de la corona. Al fin y al cabo, ATLL abastece agua a 5 millones de personas, es titular de cuatro plantas potabilizadoras y desalinizadoras, y tiene más de 900 kilómetros de tubería. El gobierno de Mas tiró recto, descartó la oferta de Agbar (que también pujaba por hacerse con la concesión), evitó esperar a la opinión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc) y cerró la concesión.

Los tribunales han censurado la adjudicación de ATLL a Acciona en 10 ocasiones

Desde entonces, siguiendo de nuevo palabras del Supremo, ha sido "un lío monumental". Se han sucedido un total de seis sentencias del TSJC en cuanto a las medidas cautelares y tres del Tribunal Supremo. Todas ellas en la misma línea. Estos son algunos de los episodios más destacados del pulso.

ENERO DE 2013. El Oarcc, un organismo de la propia Generalitat, se pronuncia en contra de la concesión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, sólo cinco días después de la firma de la concesión. Constata irregularidades en la operación y sostiene que Acciona debería haber sido excluida del concurso por haber presentado una oferta que no se ajustaba a las condiciones fijadas por el pliego de condiciones, ya que su plan para ejecutar unas obras de mejora en la red de distribución del agua era superior al máximo de 10 años establecido. 

MARZO DE 2013. A la vista de la Generalitat optó por ignorar el pronunciamiento del Oarcc, Agbar optó por llevar el tema a los tribunales. En marzo de 2013, logró su primera victoria, ya que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirmó la obligación de ejecutar la resolución del Oarcc.

JULIO DE 2013. El proceso en los tribunales vive su segundo asalto tras el recurso presentado por Acciona y por la Generalitat: el TSJC ratifica la anulación de la concesión a Acciona de ATLL. Derrotados de nuevo, ambas partes anuncian que acudirán al Tribunal Supremo.

OCTUBRE 2014. El intento de Acciona y la Generalitat por obtener un balón de oxígeneo en el Tribunal Supremo también fracasa, ya que mantiene la anulación del concurso y desestima el recurso de casación que volvía a pedir la suspensión cautelar de la anulación de la adjudicación.

MARZO DE 2015. Agbar lleva a la Generalitat ante la Comisión Europea por "vulneración del derecho comunitario en materia de contratos públicos". La empresa considera que la Generalitat ha incurrido en el "incumplimiento sistemático" de "resoluciones judiciales que le obligan a excluri" a la ganadora de la licitación de la gestión de ATLL. 

JUNIO DE 2015. El TSJC, en una sentencia que llega al fondo de la cuestión, anula el concurso de ATLL. En este caso concluye que se produjo una "infracción de los principios de publicidad y concurrencia" antes de que los grupos que pujaban por la concesión presentasen sus ofertas.

 

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