El presidente de Acciona, Jose Manuel Entrecanales, es el ejecutivo mejor pagado del IBEX. EFE

Acciona reclamará hasta 500 millones a la Generalitat por ATLL

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Acciona gastó 71 millones de euros en obras pactadas con la Generalitat antes de que el Tribunal Supremo anulase la concesión de Aigües Ter-Llobregat

Barcelona, 21 de febrero de 2018 (18:11 CET)

El consocio liderado por Acciona puede reclamar hasta 500 millones de euros a la Generalitat después de que el Tribunal Supremo haya anulado la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Esta compañía es la encargada de subministrar el agua en alta a cerca de 4,5 millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona.

La Generalitat adjudicó ATLL a un consorcio formado por Acciona, BTG Pactual y por diversos accionistas minoritarios catalanes entre los que se encontraban empresas de las familias Godia y Rodés. Se trató de la mayor privatización de la historia de la Generalitat. La operación se cerró el 27 de diciembre de 2012, precisamente para que el gobierno de la Generalitat que presidía en aquel entonces Artur Mas pudiera reducir cinco décimas su déficit. La adjudicación se realizó por un periodo de 50 años por un valor global de cerca de 1.000 millones de euros, de los que los nuevos concesionarios (Acciona) pagaron 298,7 millones precisamente antes de fin de 2012.

Esta polémica privatización puede salir muy cara a la Generalitat. Los adjudicatarios reclamarán la devolución del anticipo y de las inversiones realizadas, además de daños y perjuicios, cuando se queden sin la concesión. En 2014, el entonces consejero catalán de economía Andreu Mas-Colell calculó que una posible reversión de la concesión les costaría un mínimo de 380 millones de euros.

Acciona puede hundir al gobierno de la Generalitat con una reclamación de 500 millones

Los adjudicatarios han abonado cánones anuales (correspondientes a los 698,8 millones de euros en 50 anualidades) a la Generalitat y han ejecutado inversiones en la red de agua en alta. En los cinco primeros años de concesión, han contratado el 51% de las obras de inversión comprometidas con la administración catalana por un importe de 71 millones de euros, según un informe de la compañía.

Los adjudicatarios también pueden exigir daños y perjuicios por el lucro cesante. La compañía no ha facilitado datos al respecto, pero se calcula que la reclamación podría rondar los 500 millones de euros.

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