Aznalcóllar, nueva amenaza para la investidura de Susana Díaz

La Junta de Andalucía ha paralizado el procedimiento de concesión para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) tras conocerse el fallo de un juez de la ciudad en el que se reprocha al Gobierno autonómico la falta de rigor en la concesión de los trabajos a un consorcio de empresas de México.

Susana Díaz, la presidenta en funciones, ha asegurado, no obstante, que el procedimiento «ha contado con la presencia de la Intervención de la Junta y de los servicios jurídicos», porque «siempre se ha buscado el máximo de transparencia «.

Se da la circunstancia de que Aznalcóllar ha estado cerrada unos 17 años después de que en 1998 provocara un histórico caso de contaminación ambiental por vertido tóxico.

Erosión política

La rfeacción de Díaz no ha impedido que los partidos de la oposición intenten explotar la sentencia del juez erosionando a la Junta. Así, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha dado instrucciones de suspender las negociaciones con el PSOE para la investidura hasta que Susana Díaz dé explicaciones sobre la adjudicación.

El secretario de Organización de IULV-CA, Toni Valero, ha recordado que su formación ya advirtió que la adjudicación había sido «fraudulenta» y ha subrayado que fue «la primera decisión que tomó el Gobierno después de expulsar a Izquierda Unida».

«Es muy ilustrativo que la primera decisión que toma un Gobierno después de expulsar a IU sea una adjudicación fraudulenta, y eso lo dice todo», ha dicho Valero, que ha recordado que en el tiempo en el que la coalición de izquierdas formó parte del Ejecutivo andaluz «no hubo ningún caso de corrupción».

Denuncia de una de las concursantes

La juez Patricia Fernández ha redactado un fallo en el que acusa a la Junta de haber procedido sin el mínimo rigor en la concesión de la reapertura de la mina. Era su respuesta a la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso, resuelto por la Junta de Andalucía el pasado 20 de febrero en favor de la entidad Minorbis-Grupo Méjico (filial de Magtel).

Según el auto de la juez, no se ha apreciado que la empresa ganadora «cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación».

Por ello, la instructora considera «imprescindible» que la Policía tome declaración a los responsables de que Minorbis no fuese excluida en la fase inicial del concurso, entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio.

Boliden nunca pagó

En abril de 1998 se produjo la rotura de la balsa de Aznalcóllar, que gestionaba la multinacional sueca Boliden. Se vertieron cinco millones de metros cúbicos de líquidos tóxicos entre la mina y la línea limítrofe del Parque Nacional de Doñana: afectadas 4.600 hectáreas de nueve municipios.

La Junta, que gastó 167 millones en la limpieza del desastre, reclamó 90 millones a Boliden. El Gobierno cnetral otros 44 millones. La multinacional declaró en quiebra su filial española. Y hasta la fecha no se ha hecho responsable del desastre.