stop

La alcaldesa Ada Colau pide por carta a Carles Puigdemont que convoque de urgencia al Consorcio del Palau este mismo martes para que acuse al partido

Josep Maria Casas

Economía Digital

Mariona Carulla cuando declaró como testigo en el juicio del caso Palau. Hasta el último momento se ha resistido a acusar a Convergència. EFE/Andreu Dalmau

16 de mayo de 2017 (07:55 CET)

El ministerio de Cultura de Íñigo Méndez de Vigo podía forzar al Consorcio del Palau de la Música a presentar acusación contra Convergència (CDC) por el saqueo de esta institución cultural. Como mínimo, podía haber exigido responsabilidades. No obstante, no ha hecho nada. Los dos representantes ministeriales en el consorcio no asistieron, ni tan sólo delegaron su voto, a la junta del pasado viernes en la que se decidía que posición adoptaban en el juicio. Con su ausencia, permitieron que se impusieran los partidarios de no formular acusaciones contra el antiguo partido de Artur Mas.

Los dos representantes del gobierno central son el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, y la directora del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem), Montserrat Iglesias. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario apuntan que Iglesias y Benzo “desconocían” que en la junta del viernes se votaba si el consorcio ejercía la acusación contra Convergència.

El Consorcio del Palau de la Música está formado por la Generalitat (con tres representantes), el Ayuntamiento de Barcelona (con dos), el ministerio de Cultura (con otros dos) y la asociación Orfeó Català (con cinco). A instancias del Ayuntamiento de Ada Colau, se convocó una junta extraordinaria para revisar la estrategia jurídica. La intención de Joan Llinares, el representante municipal, es que se ejerciera la acusación particular contra CDC y su extesorero. No lo consiguió porque quedó en minoría.

Un empate habría generado una enorme polémica

De los doce vocales del consorcio, tan sólo asistieron ocho: cinco se alinearon con Convergència (los tres de la Generalitat y dos del Orfeó Català, entre los cuales está su presidenta, Mariona Carulla) y tres apostaron por formular acusaciones (los dos del Ayuntamiento y un vocal del Orfeó Català). De haber asistido los dos representantes ministeriales, se supone que se habría producido un empate a cinco.

El desempate correspondía al presidente del consorcio, que no es otro que Carles Puigdemont, aunque en aquella junta delegó su voto en Pau Villoria, alto cargo de la Generalitat y militante del Pdecat. El empate habría generado una enorme polémica.

Colau emplaza a Puigdemont

Colau ha enviado una carta a Puigdemont en la que exige que el consorcio se vuelva a reunir de urgencia este martes para acusar a Convergència. Intenta que se cambie la estrategia judicial antes del miércoles, cuando el abogado del consorcio comunicará sus conclusiones al tribunal que preside la magistrada Montserrat Comas. La alcaldesa considera que la Generalitat está “encubriendo” al partido de Mas.

La ausencia de los representantes ministeriales de la junta del viernes levanta suspicacias incluso entre los republicanos, pese a ser socios del Pdecat en Junts pel Sí, la formación que apoya al gobierno de Puigdemont. Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha mostrado públicamente su enojo por la decisión de los representantes de la Generalitat en el consorcio. En conversaciones privadas, sus dirigentes no descartan que el consejero de Cultura, Santi Vila –que por su cargo es miembro del consorcio-, haya llegado a un acuerdo con el ministerio de Méndez de Vigo.

Tanto el consorcio (entidad pública) como la Fundación del Palau de la Música (privada) descartan formular acusaciones contra CDC. Precisamente, en la sesión judicial de este miércoles, la Fiscalía y las diversas acusaciones comunicarán si mantienen o modifican sus conclusiones provisionales. Tanto el consorcio como la fundación pedirán más de veinte años de cárcel para Fèlix Millet y Jordi Montull, pero renuncian a acusar a CDC y a su extesorero, Daniel Osàcar. De esta forma, también renuncian a recuperar los 6,6 millones de euros que supuestamente recibió el partido de Mas de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música.

Carulla sale al rescate del partido de Mas

Como actual presidenta de la Fundación Palau de la Música y de la Asociación Orfeó Català, Carulla ha salido en auxilio del anterior partido de Mas, ahora llamado Pdecat. En tiempos de Millet, durante años, Carulla fue vicepresidenta del Orfeó, miembro de la comisión delegada de la fundación y vocal del consorcio. Estaba en todas partes, pero en el juicio declaró que nunca supo nada del saqueo perpetrado por Millet y Montull. Precisamente, estos dos declararon que Convergència ingresó comisiones de Ferrovial por la adjudicación de obra pública a través del Palau. A pesar de estas revelaciones, Carulla se mantiene en sus trece y no piensa acusar al partido.

Desde la fundación y el consorcio se argumenta que no es posible acusar a quién no se ha señalado en el escrito de acusación provisional. Las otras acusaciones personadas en el caso lo desmienten. Pueden hacerlo hasta este miércoles cuando presentaran sus conclusiones.

Caso Palau: si finalmente condenan a Convergència la indemnización se la llevará el Estado

Pese a que el Palau de la Música se ha desentendido de reclamar los 6,6 millones de euros que CDC supuestamente se llevó del Palau, la Fiscalía Anticorrupción mantendrá probablemente la acusación y la devolución del importe. Si finalmente el fiscal Emilio Sánchez Ulled consigue condenar al partido, la indemnización que les toque pagar no será para el Palau de la Música sino para el Estado. Quizás por esto, el gobierno de Mariano Rajoy y, concretamente su ministro de Cultura, no ha movido ni un dedo para forzar que el Palau de la Música también esté entre los acusadores.

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad