Christine Lagarde se sienta en el banquillo

La directora del FMI está acusada de ''negligencia'' por indemnizar a un empresario cuando era ministra de Sarkozy

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se sienta a partir de hoy en el banquillo de la Corte de Justicia de la República, acusada de «negligencia» por su intervención en un contencioso con el empresario Bernard Tapie cuando era ministra de Nicolas Sarkozy.

Lagarde fue ministra de Finanzas en el gobierno de Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2011. Durante esta etapa se enfrentó a un conflicto con Bernard Tapie, que reclamaba una compensación por la venta en 1994 de Adidas por el entonces banco público Crédit Lyonnais, poco después de que él hubiera perdido la propiedad de la marca deportiva.

Lagarde resolvió esta reclamación recurriendo a un arbitraje y, en consecuencia, el Estado tuvo que indemnizar a Tapie, próximo a Sarkozy, con 404 millones de euros. La Justicia argumentó que Crédit Lyonnais había conseguido una plusvalía exagerada gracias a Adidas.

Se enfrenta a un año de cárcel

El Tribunal Supremo anuló el arbitraje y está pendiente un juicio (para el que todavía no hay fecha) en el que estarán todas las partes al margen de la exministra, un elemento que va a pesar en las audiencias ante la Corte.

Los jueces instructores consideran que Lagarde mostó en este asunto «una ligereza poco admisible» al recurrir a un arbitraje muy gravoso para las cuentas públicas y contra la opinión de la Agencia de Participaciones Estatales.

Para los magistrados Lagarde cometió «una conjunción de faltas que por su naturaleza, su número y gravedad superan el nivel de una simple negligencia», y frente a eso la entonces ministra sólo ha aportado «explicaciones poco convincentes, e incluso desoladoras».

El abogado de Lagarde, Patrick Maisonneuve, considera que si no se ha establecido judicialmente que hubo una malversación de fondos en beneficio de Tapie, no tiene sentido una eventual negligencia de la directora del FMI. Si fuera declarada culpable en este juicio podría ser condenada a una pena de hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa.

Economía Digital

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