CiU y ERC ya planifican cómo negociarán con el Estado la independencia

El 9 de noviembre sigue en el horizonte. CiU y ERC, a pesar de que han evidenciado sus diferencias sobre la gestión de la consulta, siguen adelante y mantienen la ficción, porque saben que el Tribunal Constitucional suspenderá el referéndum.

Los dos grupos han presentado este miércoles en el Parlament hasta 38 propuestas de resolución con el objeto de destacar la unidad del bloque soberanista. Y, en una de las resoluciones, las dos fuerzas políticas han acordado que se reclame al Govern de la Generalitat que prepare ya “las estructuras de Estado según cuál sea el resultado de la consulta”.

Con los otros partidos pro consulta, ICV y la CUP, también se ha acordado impulsar la consulta del 9N “con todas las garantías democráticas y de participación”. Pero, en la resolución propia de CiU y ERC, que se plantea para reforzar la anterior, se llega a indicar que se elabore una propuesta legislativa y un protocolo de actuación “para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad durante el proceso de negociación con el Estado español”.

¿Y la legalidad?

Se trata de buscar una situación de hecho, de seguir un guión establecido, al margen de lo que considere el Gobierno español. El problema ahora para CiU, que dirige el Govern de la Generalitat, –no para ERC, que es socio y partido de la oposición al mismo tiempo– es saber cómo casa todo ello con la idea de seguir actuando bajo el amparo de la legalidad.

Este viernes el Parlament aprobará esa “legalidad”, con la ley catalana de consultas, que el Gobierno central ya ha anunciado que recurrirá. Posteriormente, el mismo viernes o el lunes, el President Artur Mas firmará el decreto de convocatoria del 9N que Mariano Rajoy también ha anunciado que recurrirá.

En una semana, el Ejecutivo español calcula que la situación legal estará controlada, pero ¿qué ocurrirá en el flanco soberanista hasta el 9N?