La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, junto al jefe superior de Policía de Madrid, durante la rueda de prensa, el pasado enero. EFE/Emilio Naranjo

El juez imputa a la delegada del Gobierno en Madrid

stop

El juez que investiga un presunto delito societario en la empresa pública Mercamadrid imputa a Concepción Dancausa y a otras quince personas

Economía Digital

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, junto al jefe superior de Policía de Madrid, durante la rueda de prensa, el pasado enero. EFE/Emilio Naranjo

Barcelona, 10 de mayo de 2017 (12:34 CET)

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa (PP), tendrá que responder ante los tribunales por un presunto delito societario en una operación realizada por la empresa pública Mercamadrid en 2013. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) informa que, además de Dancausa, otras quince personas, entre ellas Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid, serán investigadas por este caso. Otros nombres relevantes implicados son José Enrique Núñez, ex primer teniente de alcalde en el Gobierno de Ana Botella, y José Manuel Torrecilla Jiménez, ex director general de Mercamadrid.

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó a finales de abril una denuncia contra Dancausa y contra varios ex altos cargos de la administración madrileña en la época investigada. La actual delegada del Gobierno, persona muy próxima a la ex alcaldesa Botella, ejercía entonces como concejal municipal.

Concepción Dancausa: la actual delegada del Gobierno de Madrid formaba parte del equipo de confianza de Ana Botella en 2013

La investigación comenzó hace casi un año después de que el  ejecutivo de Manuela Carmena remitiese a la fiscalía un informe en el que se desgranaba la posible malversación de fondos en la adjudicación de unos terrenos propiedad de Mercamadrid. Aunque estos activos  pertenecían al ayuntamiento, el consistorio pactó entonces pagar 41.500 euros mensuales a Merca Ocio Hoteles 22 S.L, nuevos dueños de los terrenos, hasta 2032. En el documento de traspaso se especificaba que, en caso de rescisión de la adjudicación, el consistorio pagaría en una sola vez todo el dinero recogido en el contrato, 11 millones de euros.

Los investigadores del caso sospechan que estas condiciones se pactaron ante la amenaza de la compañía adjudicataria de presentar una denuncia contra el ayuntamiento por no dejarle construir un hotel en estos terrenos.

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad