El abogado de Puigdemont culpa al traductor de falsear lo que dijo Llarena
Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, atribuye a un "error" el falseamiento de las palabras de Pablo Llarena que sustentan su querella contra el juez
La transcripción incorrecta de las palabras del juez Pablo Llarena que sustentan la querella de Carles Puigdemont en contra del juez se debió a un «error» de traducción. Es la versión de Gonzalo Boye, coordinador de la defensa de los dirigentes independentistas encausados, que ha negado cualquier «alteración» de las declaraciones del magistrado.
«Se lo vamos a preguntar al traductor y vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda», ha explicado el letrado, que ha lamentado el «exceso de nerviosismo y patrioterismo» que a su juicio hay en la polémica por la demanda del expresidente catalán.
Puigdemont acusa a Llarena de vulnerar su derecho a la presunción de inocencia por afirmar que en España no existen presos políticos y que los hechos imputados a los dirigentes soberanistas presos eran «comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal. «Con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados», añadió el juez, pero en la querella se modifica el condicional por la expresión «sí, así ha sucedido»
El abogado de Puigdemont: «Llarena dice más de lo que se está contando»
Según Boye, Llarena afirma en las declaraciones objeto de la querella «bastante más de lo que se está contando». La querella del exmandatario llevará al magistrado a declarar el próximo 4 de septiembre, donde contará con respaldo legal del Estado después de que la presión de las asociaciones de jueces y fiscales forzara al Gobierno a proporcionarle apoyo jurídico pese a su rechazo inicial por entender que las declaraciones del juez pertenecían al ámbito privado y no a su labor profesional.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que el proceso que llevará al banquillo a Llarena «no es una cuestión privada» sino «una cuestión de Estado», porque a su juicio está en juego «la soberanía de jurisdicción» de España.
