El Constitucional anula el plan secesionista catalán

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El alto tribunal suspende la resolución que aprobó el Parlament y reclama a Forcadell que presente alegaciones sobre el incumpliento de su sentencia

Manel Manchón

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras una rueda de prensa el pasado viernes. EFE/Andreu Dalmau
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras una rueda de prensa el pasado viernes. EFE/Andreu Dalmau

Barcelona, 01 de agosto de 2016 (14:27 CET)

El Tribunal Constitucional ha anulado el plan secesionista catalán. Tras una hora y media de debate, el alto tribunal cumple el guión establecido y suspende la resolución que aprobó el parlamento catalán para iniciar la "desconexión" del Estado español con un mecanismo "unilateral" para ratificar una constitución catalana.

Cumple de esta forma con la petición que le formuló el pasado viernes el Gobierno central, que presentó un incidente de ejecución de sentencia, y pidió al Constitucional la suspensión de la resolución catalana. Pero el alto tribunal tiene ahora otro trabajo.

Tras la suspensión, los magistrados han acordado los trámites para una posible adopción de otras medidas, de carácter coercitivo, o penales, tal y como le solicitó el Ejecutivo.

Incumplimiento de su sentencia

Lo que le pide ahora el Constitucional a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y también al resto de miembros de la Mesa, y al secretario general de la cámara catalana es que presenten alegaciones e informen sobre el cumplimiento –incumplimiento, de hecho-- de la sentencia del pasado 19 de julio en la que se advertía al Parlament de que no podía votar las conclusiones adoptadas por la comisión sobre el proceso constituyente. Les da 20 días para hacerlo, con lo que las posibles medidas ya no se tomarían hasta septiembre.

¿Medidas penales?

Ese trámite es previo a una posible adopción de medidas de carácter penal, una posibilidad que ha provocado la reacción del bloque soberanista, al entender que se trata de una medida política, y que constriñe el poder legislativo del Parlament.

Lo que pide el Constitucional con esas medidas a los miembros de la Mesa es que no sigan adelante, y no desarrollen lo que votó la cámara catalana, un requerimiento que el gobierno catalán no está dispuesto a aceptar. La vicepresidenta del Govern, Neus Munté, ha considerado que seguirán con el plan trazado, y que, ahora, puede traducirse en un choque institucional de envergadura.
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