El Constitucional ratifica la nulidad del euro por receta

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El pleno del TC desestima la medida aprobada en diciembre de 2012 pero, en cambio, avala las tasas judiciales ideadas por el ejecutivo catalán

Una farmacéutica ordena los medicamentos.

06 de mayo de 2014 (16:58 CET)

La Generalitat de Catalunya no volverá a cobrar el euro por receta, tal y como reclamaba el gobierno central. Este martes, el pleno del Tribunal Constitucional ha anulado, definitivamente, la medida que aprobó Artur Mas (CiU) en diciembre de 2012.

La sentencia ya es firme, aunque las farmacias catalanas dejaron de aplicar el gravamen el pasado 16 de enero de 2013. Un día antes, la administración catalana recibía el primer aviso: el Constitucional suspendía, durante cinco meses, la medida impositiva a la espera de tomar una decisión en firme.

Reducción del déficit público

Las primeras reacciones del ejecutivo catalán han llegado de la mano del portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, quien ha lamentado la supresión de una medida que, según ha justificado, se ideó para reducir el déficit público.

Del mismo modo se pronunció el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, cuando supo del recurso del gobierno central. Entonces, consideró que era una decisión poco comprensible porque se pidió a las comunidades autónomas que fueran fiscalmente responsables, pero se las penalizaba cuando tomaban medidas recaudatorias.

Tasas judiciales


El gobierno central pidió la nulidad del gravamen después de negociar, sin éxito, su aplicación. El Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) defendía que las comunidades autónomas no pueden decidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios.

Del mismo modo, Rajoy reclamaba la retirada de otra medida aprobada por la Generalitat: las tasas judiciales. Aunque en este segundo caso, el Constitucional ha fallado a favor del gobierno catalán, por lo que la decisión deja un sabor agridulce en ambas administraciones.

Las tasas judiciales proponían cobrar 120 euros por la prestación de servicios en la Administración de Justicia de Catalunya. El Gobierno consideraba que su aplicación suponía un doble gravamen para el ciudadano.
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