El coste real del ERE de Canal 9 podría triplicar el cálculo de la Generalitat

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POLÉMICA

Un grupo de trabajadores protesta a las puertas de Canal 9.

13 de febrero de 2013 (00:00 CET)

Miércoles. Primer día de despidos en Canal 9. Hasta el 7 de marzo, cada miércoles y viernes la escena se repetirá 430 veces. En total, 843 hasta el próximo 31 de agosto. Según la Generalitat, el coste del proceso de sanear la emisora pública –tras hundir la audiencia y disparar deuda y gastos- será de 43 millones de euros. En realidad, la factura real podría más que triplicarse. Según fuentes del sindicato UGT, la cifra real podría alcanzar los 150 millones de euros.

La diferencia entre ambos cálculos depende de si el proceso queda anulado por los tribunales, una hipótesis nada descabellada. Los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical Valenciana y CGT han presentado un recurso de inconstitucionalidad. Según ellos, la empresa ha utilizado criterios contrarios a la Carta Magna al considerar, por ejemplo, que haber sufrido una baja en los últimos tres años o beneficiarse de una excedencia influían a la hora de poner nombre a los despedidos.

En ese supuesto, las cantidades previstas para cubrir el ERE serían a todas luces insuficientes. Las indemnizaciones que ha pagado la empresa son de 20 días por año trabajado (con un máximo de doce) mientras que el convenio colectivo establece 45 días con un máximo de tres años para un caso como este.

Convenios colectivos

La decisión de la administración se ampara en el Decreto-Ley 1/2012 de 4 de enero de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana. La norma, de la Conselleria de Economía, establece en su disposición final cuarta que quedan suspendidos temporalmente los convenios y acuerdos sindicales que afecten a funcionarios y trabajadores de otras empresas públicas.

Pero, tal y como explican desde la UGT, “esta medida también podría ser anulada”. De hecho, existe una propuesta de inconstitucionalidad apoyada por 50 diputados del PSOE que consideran que las comunidades autónomas no tienen potestad para modificar lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores. Sólo puede hacerlo el gobierno central.
Demandas personales

Item otro son las demandas personales que los profesionales afectados puedan interponer y, de hecho, van a interponer. “El miércoles es el primer día de despidos, así que no hay ninguna, pero se va a seguir el mismo modelo que en Ràdio 9”, según estas mismas fuentes.
Allí, los empleados despedidos están reclamando –con nombres y apellidos- las plazas de algunos que se han quedado pese a carecer de la titulación necesaria. El motivo: la empresa no ha respetado ni siquiera los criterios que ella misma estableció unilateralmente.

Impunidad total

Pero lo mejor, para los contribuyentes es que si el ERE acaba costando la cantidad que calculan los sindicatos, no habrá nadie para responder. Alejandro Reig, el recién nombrado director de Canal 9, es la persona cuya firma ha permitido poner en marcha el proceso.

Para cuando se pronuncien los tribunales (y de momento ni se sabe ni a cuál corresponden las competencias) Reig podría estar ya jubilado. Pero, suma y sigue, su nombramiento también podría ser ilegal lo que también anularía el ERE. Así lo denunció la oposición en el consejo de RTVV.
“Pero puede ser aún peor”, explica UGT."Teniendo en cuenta lo que puede durar el proceso judicial no es descabellado pensar que el proceso tenga lugar tras las elecciones de 2015”, asegura uno de sus representantes. Se daría así la curiosa situación de que sería el próximo gobierno autonómico –quién sabe si en manos de la oposición- el que tenga que bregar con este asunto.

Otros escenarios

Para entonces, ya estará en marcha el nuevo modelo de televisión autonómica que prevé la Generalitat. Productoras externas se encargarán de la programación con sus propios trabajadores. ¿Cómo podría afectarles? “No lo quiero ni pensar, igual también hay que indemnizarles”, apuntan representantes de UGT.

Puestos a imaginar escenarios, hay otro que aún resultaría más caro para el erario público. Sería el caso de si hay que readmitir a los trabajadores, que estos devuelvan la indemnización, pero cobren los sueldos correspondientes al tiempo que han estado despedidos. Luego, habría que volver a iniciar el proceso. “Entonces estaríamos hablando de una cifra que podría alcanzar o superar los 200 millones de euros”.
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