El fiscal considera probado que Convergència cobró comisiones ilegales y millonarias

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Emilio Sánchez Ulled dice que el partido de Artur Mas recibió 6,6 millones por adjudicar obras a Ferrovial

Fèlix Millet, Jordi Montull y el President de la Generalitat, Artur Mas (CDC) | EFE

14 de junio de 2013 (13:49 CET)

El fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, considera probado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió irregularmente con Ferrovial como principal pagador.

En su escrito final, apunta que el partido de Artur Mas participó a "título lucrativo" de la trama que tenía como epicentro a los patronos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull. Habría recibido 6,6 millones de euros por adjudicaciones de obra pública fraudulentas de Ferrovial.

Adjudicaciones

El fiscal asegura que, junto a las diferentes conductas de los dos responsables de la institución que tenían una motivación única hacia el enriquecimiento particular, existen “flujos financieros con una dinámica delictiva distinta”.

En concreto, se trata de “conductas que forman parte de una trama de comisiones ilícitas satisfechas a personas con ascendencia política suficiente como para influir de forma determinante en organismos competentes para adjudicar obras públicas de envergadura”.

Ferrovial

Ulled cita, en concreto, que la empresa privada Ferrovial-Agroman efectuó cuantiosos pagos con la finalidad de garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones por parte de la Generalitat, que en ese periodo de tiempo estaba gobernada por Convergència i Unió (CiU).

El fiscal centra la acusación en dos altos cargos de la compañía en Catalunya. Se trata del director general de la división de construcción hasta 2006, Pedro Buenaventura, y del director de relaciones institucionales, Juan Elizaga.

El escrito indica que los imputados actuaron de espaldas a los órganos colegiados de la entidad, el cuerpo de accionistas y a los órganos directivos de la institución.

Dispusieron de cuantiosos fondos de Ferrovial que fueron utilizados para “la financiación de CDC, hegemónica en el poder autonómico y local catalán, a fin de establecer una relación privilegiada con la misma en beneficio mutuo, pero en perjuicio de la debida imparcialidad de los poderes públicos”.

Convergència Democràtica

El documento de Ulled señala que, como mínimo, tres miembros de CDC participaron en la trama. Entre ellos, destaca el responsable de tesorería, Carles Torrent (fallecido), quien habría colaborado directamente con otro imputado, Jaume Camps (ex parlamentario del partido). El sistema fue luego continuado y perfeccionado por el imputado Daniel Osàcar.

Anticorrupción reconoce que, seguramente, participaron otros miembros del partido. La investigación no ha logrado acreditar quién. “En todo caso, debieron necesariamente intervenir también altos responsables del partido político, que no han podido ser adecuadamente identificados”, reza textualmente el escrito del fiscal.

Millet y Montull

¿Qué papel tuvieron Millet y Montull? Su papel fue el de “torcidos intermediarios”, según Sánchez. En concreto, prestaron la estructura económico-financiera del Palau de la Música con la finalidad de enmascarar la verdadera causa y finalidad.

“El acuerdo criminal era relativamente sencillo pero institucionalmente demoledor”, apunta Anticorrupción. Sus ingresos se calculaban mediante un porcentaje del volumen de negocio que Ferrovial previera obtener u obtuviera con los entes públicos catalanes en manos de CDC. El pago se fraccionaba en el tiempo principalmente por el elevado importe de las mismas.

Entre las obras adjudicadas, destacan las de la Ciudad de la Justicia, cuyo importe de inversión para la ejecución de los trabajos era de 263 millones de euros. Además, la contraprestación total de la Generalitat para la concesión (35 años) asciende a 486 millones.

En el paquete de obras bajo sospecha también se encuentra la construcción de la línea 9 de metro. Ferrovial participó mediante una UTE (en que tenía la participación del 20%) de diversos contratos de obra por 890 millones de euros.

Investigación

Tras casi cuatro años de investigación, la instrucción del caso Palau empieza a divisar el fin. Fiscalía Anticorrupción ha enviado al juzgado de instrucción número 30 su informe final.
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