Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este jueves. EFE/Ángel Díaz
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La Moncloa insta al Constitucional a llevar a la Mesa del Parlament de Cataluña ante la fiscalía por desoír sus advertencias

Barcelona, 31 de octubre de 2019 (20:26 CET)

El gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha instado al Tribunal Constitucional (TC) a denunciar a la Mesa del Parlament a la fiscalía si considera que ignora sus apercibimientos con la admisión a trámite de la propuesta resolución de Junts per Catalunya (JxCat, ERC y la CUP que reitera la defensa de la autodeterminación y la reprobación al rey Felipe VI

La encargada de lanzar el órdago ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros de este jueves. El ejecutivo de Sánchez ha pedido al TC la apertura de un incidente de ejecución porque al admitir la mesa que la moción independentista sea debatida en el pleno previsto los próximos 12 y 13 de noviembre, podría estar vulnerando las advertencias del Constitucional a la Mesa y a su presidente, Roger Torrent (ERC) en el sentido de que tienen el deber de no autorizar el debate de propuestas con contenidos anticonstitucionales, como pueden ser reprobaciones a la monarquía, avales al derecho de autodeterminación o cuestionamientos del principio de la soberanía nacional.

Torrent ya dejó claro la semana pasada que no piensa vetar el debate de la propuesta, pese a que los propios letrados de la cármara catalana le advirtieron que haciéndolo podría estar incurriendo en un delito de desobediencia, porque eso sería, alegó, "dejar entrar la censura" en el Parlament y socavar la libertad de expresión de sus diputados. 

El gobierno explicó entonces que no presentará recurso al TC por un trámite, sino solo una vez que la resolución sea aprobada. Pero este jueves, a las puertas de la campaña, pasó al TC la patata caliente de cortar de raiz su tramitación o, si no lo consigue, tomar medidas legales.

Batería de medidas de Sánchez contra el soberanismo

No fue esa apelación al Constiticuional ni mucho menos la única medida anunciada ayer que permite al ejecutivo central, y con el al PSOE y su líder, incidir en el endurecimiento de su postura respecto del independentismo.

Para empezar, el Consejo de Ministros también aprobó solicitar un informe urgente al Consejo de Estado como paso previo a la impugnación de otra resolución del Parlament que se sumaría a las recurridas las últimas semanas.  En esta ocasión, se trata de una moción aprobada en el pleno del pasado 24 de octubre y que calificaba el juicio del procés en el Supremo de "proceso arbitrario y sesgado" y tachaba la actuación del presidente del tribunal, Manuel Marchena, de "propia de un sistema judicial autoritario". El gobierno cree que el texto pone en cuestión la independencia judicial consagrada en el artículo 117 de la Constitución y que, por lo tanto, "traspasa los límites de la legalidad". 

Pero además, Calvo anunció que la Abogacía del Estado se personará en defensa de los policías nacionales y guardias civiles tanto en causas judiciales relacionadas con agresiones o amenazas sufridas por los propios agentes como en aquellas en que estos hayan sido denunciados por supuestos abusos policiales. La vicepresidenta en funciones precisó que la abogacía no actuará en casos relacionados con los Mossos porque eso excede las competencias del Gobierno y corresponde a la  Generalitat.

Decreto contra la "república digital"  de Torra

Por último, el Consejo de Ministros aprobó también por la vía de urgencia el real decreto sobre seguridad digital que había anunciado horas antes Sánchez para combatir el proyecto de "república digital" del gobierno de Quim Torra.

La norma, que entrará en vigor el martes, afectará a Identicat, el proyecto de "identidad digital soberana" que puso en marcha en septiembre la Generalitat y que supone un registro voluntario de ciudadanos catalanes, y también podría afectar a la página Republica.cat, cuyo servidor está situado fuera de la Unión Europea, porque se establece que todos los servidores que almacenen datos de las administraciones públicas tendrán que estar en territorio europeo.

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