El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, flanqueado por los consellers Chakir el Homrani y Ester Capella, a la salida de la reunión semanal del govern, este martes. EFE/Andreu Dalmau

El govern de Quim Torra trocea el informe de Amnistía

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La Generalitat se aferra a las críticas de AI a la sentencia del 1-O, pero obvia que la ONG evita hablar de presos políticos y avala que el juicio fue justo

Iván Vila

Economía Digital

El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, flanqueado por los consellers Chakir el Homrani y Ester Capella, a la salida de la reunión semanal del govern, este martes. EFE/Andreu Dalmau

Barcelona, 19 de noviembre de 2019 (19:02 CET)

El gobierno de Quim Torra se aferró este martes al informe de Amnistía Internacional que cuestiona la sentencia del juicio del 1-O y pide la exoneración y la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Pero solo a una parte del mismo, la favorable a sus intereses. La otra, la que afirma que el proceso en el Tribunal Supremo fue un juicio justo y que había motivo para encausar tanto a los exmiembros del govern como a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, prefiere ignorarla.

El análisis de Amnistía sobre la sentencia difundido por la ONG cuestiona la definición que del delito de sedición hace el Código Penal español y también la interpretación que en su fallo hace del mismo el Supremo, que, a juicio de la organización de derechos humanos, "contravienen el principio de legalidad" y permiten "la criminalización de actos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica".

El documento pone el énfasis sobre todo en las condenas al presidente de Òmnium Cultural y el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que considera que constituyen "una restricción excesiva y desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica", por lo que pide que sean excarcelados y exonerados.

El govern celebra las conclusiones "demoledoras" de Amnistía

El independentismo celebró la postura de Amnistía como una victoria, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que este martes ejercía de portavoz del govern, inició la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del consejo ejecutivo lanzando el documento a la cara del gobierno español.

Calvet consideró el informe un documento "muy relevante" de conclusiones "demoledoras" que a partir de ahora, advirtió, se incorporarán a "cualquier conversación bilateral con el Estado", y servirán para reforzar el argumentario de la Generalitat a la hora de "poner de manifiesto que este juicio y esta sentencia son básicamente injustos".

AI avala que hubo un juicio justo

Pero el informe no solo no afirma que el juicio fuera injusto, sino que refuta ese planteamiento. El informe explica que hubo "algunas cuestiones que suscitaron preocupación a lo largo del procedimiento" respecto de las garantías procesales de los acusados, pero añade que "el tratamiento de prueba realizado por el tribunal en la sentencia parece suponer un contrapeso a las limitaciones observadas". Así que Amnistía admite que "no ha encontrado elementos para afirmar que el proceso judicial seguido en contra de los 12 líderes catalanes haya vulnerado las garantías de un juicio justo". 

Es más, la organización internacional, que en ningún momento otorga a los condenados la consideración de "presos políticos", considera que tanto Forcadell como Oriol Junqueras y el resto de exconsellers encausados "pudieron haber cometido algún delito legítimamente enjuiciable en virtud del cargo oficial que ejercían en ese momento" y que la sentencia les condena "por hechos que no se encontrarían amparados por el ejercicio de su libertad de reunión o expresión o de la desobediencia civil, y, por tanto, pueden ser legítimamente sacionables de conformidad con los estándares internacionales de  derechos humanos, sin que corresponda a Amnistía Internacional determinar qué tipo de sanción debe imponerse a tales actos".

Argumentos a la carta

Cuando a Calvet le preguntaron por estas afirmaciones, su planteamiento se cortocircuitó. El conseller trató en primera instancia de insistir en su tesis inicial: "A mí no me gustaría estar en la piel del ministro de justicia o de los responsables del sistema judicial español. Me daría vergüenza", zanjó. Pero, ante la insistencia de los periodistas, acabó admitiendo que, "de entrada", en la Generalitat les han llamado "muchísimo la atención" los aspectos del informe que avalan sus tesis, pero que ni siquiera habían leído el informe entero, que apenas tiene siete páginas.

"El govern tiene opinión propia, sobre el juicio y sobre la sentencia. Y se reforzará con los informes que tengamos al alcance", replicó Calvet cuando le plantearon si el ejecutivo de JxCat y ERC solo incorporará a su argumentario los puntos en los que AI le da la razón o también los otros, lo que implicaría reconocer que era pertinente procesar al govern de Carles Puigdemont y que los encausados tuvieron un juicio justo. "Si hay otras partes del informe que tengamos que leer y releer para que formen parte de una opinión más completa, más extensa, sobre este juicio, lo haremos", añadió, pero solo para rematar insistiendo en que la opinión del ejecutivo catalán "es que este es un juicio injusto y esta una sentencia injusta". 

El precedente de la resolución sobre la entrega de Puigdemont

No es la primera vez que el govern y los partidos indepedendentistas se aferran ala carta a los planteamientos esgrimidos por organismos institucionales utilizados cuya postura es utilizada como argumento de autoridad solo en los puntos en los que les dan la razón.

Valga como precedente la resolución mediante la cual la sala primera de lo Penal del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein rechazó entregar a España a Puigdemont por un delito de rebelión, lo que propició la retirada de la euroorden emitida por el Supremo contra él porque en esas circunstancias solo podría haber sido juzgado por malversación.

Desde entonces, el independentismo ha esgrimido aquella decisión para desautorizar la causa en el Supremo. Pero en aquel fallo, el tribunal alemán también expresaba "toda la confianza en que el poder judicial español también cumplirá los requisitos en derecho nacional y comunitario", y no solo descartaba que Puigdemont fuera objeto de una persecución política, como afirman el expresident y el conjunto del soberanismo, sino que consideraba "absurdo" hacer semejante aseveración.

Por supuesto, ni el govern ni los partidos que lo integran han hecho nunca referencia a esas aseveraciones ni han adaptado a las mismas su argumentario. 

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