El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. EFE

El govern Torra abrirá en septiembre contactos para los presupuestos

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El consejero de Economía, Pere Aragonès, anuncia una primera ronda de reuniones con los partidos para empezar a negociar las cuentas de 2020

Barcelona, 21 de agosto de 2019 (14:02 CET)

El gobierno de Quim Torra iniciará la primera semana de septiembre una ronda de contactos con todas las formaciones políticas para empezar a negociar los presupuestos de 2020. Así lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente catalán y conseller de Economía, Pere Aragonès, en el Parlament. 

Aragonès tiene entre ceja y ceja evitar un nuevo fracaso como el de las cuentas de este 2019, que finalmente el govern no llegó ni a presentar la cámara catalana para su tramitación por falta de apoyos, y no quiere dilatar más el inicio de unas conversaciones para las que hasta la fecha, tanto el PSC como los comunes y la CUP han mostrado buena disposición de entrada, aunque en el caso de los cuperos, supeditan su apoyo a que los presupuestos sirvan para avanzar en la práctica de la vía secesionista, que entienden que el ejecutivo de Torra ha abandonado pese a que el president mantenga su retórica maximalista.

Es decir, que en algún momento, al govern le tocaría escoger entre el apoyo de la CUP o el del PSC, incompatibles en tanto que los socialistas no avalarían unas cuentas en clave soberanista. A medio camino se sitúa Catalunya en Comú Podem (CECP), cuyo diputado David Cid insistió este mismo miércoles en tender la mano al ejecutivo, pero con condiciones. "Queremos hablar de los presupuestos de 2020 si no se repiten los mismos errores", zanjó.

Los comunes fueron los únicos que llegaron a negociar el proyecto presupuestario para este 2019, pero rompieron la baraja porque el govern no aceptó sus propuestas en materia fiscal. 

Recorte del 6% y recurso contra Sánchez

La no aprobación de las cuentas ha obligado al govern a tener que apañárselas con una prórroga presupuestaria, como ya sucedió el año pasado. Y las limitaciones de seguir gestionando los recursos publicos con las cuentas de 2017 han propiciado que el ejecutivo catalán se haya visto obligado este agosto a cerrar ya la caja, tres meses antes de lo habitual, y acometer recortes del 6% respecto del gasto previsto hasta final de año. 

Aragonès daba cuenta este miércoles de la aplicación de esta medida en la comisión de Economía del Parlament, ante la cual anunció que el govern llevará al gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales por impago. El gobierno catalán reclama al ejecutivo central más de 1.300 millones que entiende que este está reteniendo de forma irregular.

De estos, 874 son en concepto de anticipo de la financiación, correspondientes al incremento de la recaudación en Cataluña este 2019, una partida que la Generalitat reclama en aplicación de la ley de financiación autonómica, y que el Gobierno no ha saldado hasta ahora con el argumento de que está en funciones.

El resto, 443 millones, corresponden al decalaje que se generó al cambiar en 2017 el sistema de liquidación del IVA autonómico. Con ese cambio, la recaudación del mes de diciembre, que antes se abonaba a las autonomías dentro del mismo ejercicio presupuestario, ahora se abona al año siguiente, una distorsión que Sánchez se había comprometido a corregir, sin que hasta ahora ese compromiso se haya cumplido. 

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