El presidente de Copisa empieza su viacrucis judicial

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Josep Cornadó comparte este viernes el banco de los acusados de la Audiencia de Barcelona con ex militantes de Unió

La Guardia Civil inspeccionando la sede de la constructora Copisa / EFE

Barcelona, 20 de enero de 2017 (06:00 CET)

Josep Cornadó anda metido en diversas salsas judiciales. Declaró como imputado en el caso Pujol, se investiga a su constructora por las obras de la estación del AVE de la Sagrera y, este viernes, se sentará en el banco de los acusados de la Audiencia de Barcelona en compañía de ex militantes de Unió. Se le juzgará por el caso de la Fundació Catalunya i Territori, que supuestamente sirvió para financiar irregularmente al partido democristiano.  

Los otros acusados son Joan Albert López Sans, Miguel Ángel Cortés, Xavier Soriano y Josep Boqué. Los tres primeros fueron administradores del grupo de empresas IMS y el último, Josep Boqué, presidió la fundación y con anterioridad ejerció de director general de Consumo de la Generalitat (1990-96) durante los gobiernos de Jordi Pujol. En su momento, la Fiscalía Anticorrupción también formuló acusaciones contra Josep Maria Núñez, ex gerente de Unió y ex alcalde de Vilassar de Mar, pero éste falleció en 2014.

Unió no podría asumir el pago de responsabilidades 

Las empresas del grupo IMS, así como la fundación, ya están liquidadas. Unió Democràtica de Catalunya (UDC), en situación de concurso de acreedores, comparece en este juicio en calidad de responsable civil subsidiario. Si le condenasen a asumir estas responsabilidades, no podría pagarlas.  

En su escrito de acusación provisional, el fiscal Emilio Sánchez Ulled pidió penas de hasta diecisiete años. Para Boqué, solicitó ocho años, y para Cornadó, tres años y un mes por los presuntos delitos de administración desleal (un año y seis meses), falsedad documental (otro año) y insolvencia punible (7 meses). Con carácter subsidiario, planteó para el constructor dos años de prisión y multa de 300.000 euros por un supuesto delito fiscal.

Una fundación y unas empresas al servicio del partido  

Este caso arranca de la querella que presentó la Fiscalía en 2010 por un presunto fraude de cerca de cinco millones de euros perpetrado entre 2004 y 2008 a través de la Fundació Catalunya i Territori. Desde esta entidad, que se nutría de donaciones, se desvió más de 1,7 millones de euros al grupo de empresas IMS mediante préstamos y facturas falsas. La fundación puso locales a disposición de Unió y el grupo empresarial pagó un proveedor del partido.  

Cornadó se vio envuelto en esta trama porque, en 2008, Copisa les aportó 1.183.472 euros. En el escrito de Fiscalía se indica que tres de los acusados –Boqué, Cortés y López- lograron "convencer" a Cornadó para que Copisa abonara el dinero "sin que la constructora recibiera contraprestación alguna por la entrega de tan generosa suma". Los acusados argumentaron que se trataba de un préstamo anticipado por los servicios que después prestarían a la constructora. El fiscal apunta en su escrito que si se acepta esta "rocambolesca explicación" deberían haberla declarado a Hacienda. No lo hicieron. 
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