El Supremo cita como imputada a Laura Borràs el 22 de julio

Tras autorizar el Congreso la investigación a la diputada de JxCat por delitos como prevaricación y malversación, el Tribunal Supremo agenda su declaración

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Laura Borràs declarará como imputada ante el Tribunal Supremo el próximo 22 de julio, en menos de tres semanas. Así lo ha comunicado este viernes el magistrado del alto tribunal, Eduardo de Porres, que ha tomado la decisión después de que el Congreso de los Diputados autorizase retirarle su condición de aforada para investigarle por los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude a la administración durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanas.

El pasado 25 de junio, una amplia mayoría de la Cámara baja respaldó el suplicatorio solicitado por el Supremo para juzgar a Borràs. Votaron a favor PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, mientras que JxCat se posicionó en contra y ERC, la CUP, EH Bildu y el BNG no participaron en la votación, lo que supuso otra muestra de la división en el independentismo catalán. La idea de Borràs de que los separatistas tuvieran una posición común ni dio frutos puesto que ERC temía «blanquear» un presunto caso de corrupción.

El caso nació a raíz de una investigación de un juzgado de Manresa sobre irregularidades en 18 contratos de la Institució por valor de casi 260.000 euros adjudicados a un amigo personal de Borràs, Isaías Herrero, que también es uno de los investigados. Tras remitirse la instrucción al Supremo, el magistrado Porres citó a Borràs el pasado 14 de febrero para que prestara declaración voluntaria, pero la diputada no acudió, por lo que tuvo que cursarse el suplicatorio.

Las pruebas contra Borràs

El juez sospecha que las irregularidades en los contratos evidencian «la exclusiva voluntad de favorecer los intereses» de su amigo Herrero. Algunas de las pruebas que juegan en contra de Borràs son unas llamadas telefónicas de su amigo de las que se desprendía la necesidad de preparar unas facturas para presuntamente encubrir las irregularidades. También hay correos electrónicos de 2013 y 2014 en los que la ahora diputada de JxCat señala de «forma muy explícita» a Herrero lo que debía hacer.

También hay pruebas de que una de las empresas que licitaron para conseguir uno de los contratos había sido creada anteriormente por Borràs. Y hay indicios de que ella y su amigo habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes, informa Europa Press.

El magistrado Porres considera que «ha existido un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico, en base a unos conceptos e importes inventados y que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directamente e indirectamente por Isaías Herrero».

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