El Supremo obligará al Gobierno a indemnizar si se cierra Castor

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Rechaza el recurso presentado por el Ministerio de Industria

17 de octubre de 2013 (13:07 CET)

El posible cierre del proyecto Castor costaría más dinero al erario público. Además de la inversión comprometida, el Supremo ha confirmado este jueves que el Gobierno tendrá que pagar una indemnización a Escal UGS, gestora de la planta y participada en dos tercios por ACS que preside Florentino Pérez.

El tribunal ha rechazado el recurso que había presentado el Ministerio de Industria encabezado por José Manuel Soria en contra de una cláusula del contrato sobre el almacenamiento de gas subterráneo situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). En esta cláusula se recoge una indemnización por el valor residual del activo en caso de negligencia o dolo por parte de la empresa.

Según Soria esta cláusula es abusiva. Pero el Supremo recuerda que el derecho a una indeminización se produce "sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria", de modo que una hipotética negligencia no queda exenta de posibles penalizaciones.

Dos compensaciones

El proyecto Castor ha sido tratado de forma especial. Además de contemplar una inmemnización por el valor neto del activo en caso de reversión al Estado, al igual que ocurre con otros almacenamientos, también incluye otra compensación por el valor residual cuando se produjese dolo o negligencia, cláusula que no aparece en el resto de instalaciones españolas.

En sus alegaciones, la empresa Escal UGS --participada por ACS y la canadiese CLP-- argumentó que la denuncia del Gobierno se presentaba "tras un largo tiempo desde que se otorgó la concesión, lo que supone una actuación contraria a la buena fe y a la confianza legítima".

El Gobierno ha cifrado en cerca de 1.700 millones de euros el coste de Castor, incluidos los gastos financieros. En todo caso, el Supremo se refiere a una recompensa por negligencia equivalente al valor residual, que es el que corresponde a un activo que deja de usarse, y no al valor neto, que permite una recuperación de inversiones. El tribunal no ha señalado exactamente cuál es el importe que deberá pagar el Estado en este caso.
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