Transportes, con Óscar Puente al frente, oculta lo que pagan Renfe, Iryo y Ouigo
En el año 2021, Renfe perdió su exclusividad como operadora en la red de alta velocidad, ofreciendo terreno a Ouigo y Iryo
Ouigo, Iryo y Renfe, los tres operadores de la red ferroviaria de alta velocidad en España
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Desde 2021, la red ferroviaria española dejó de estar operada solamente por Renfe. Primero se incorporó Ouigo y, posteriormente, la compañía italiana Iryo. La llegada del operador francés marcó un antes y un después al aprovechar la liberalización del servicio de alta velocidad. Cuatro años después, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha negado a ofrecer información sobre las tarifas que abonan estas empresas.
Según han informado desde El Confidencial Digital, el departamento encabezado por Óscar Puente ha considerado que la publicación del detalle de estas tarifas (los peajes que pagan las empresas por utilizar la infraestructura ferroviaria) podría perjudicar la competencia y comprometer información económica considerada sensible.
La petición realizada por el medio anteriormente mencionado solicitaba conocer de forma desglosada cuánto paga cada operador por el uso de la red ferroviaria. No obstante, el ministerio ha sostenido que estos datos no pueden considerarse de carácter público, ya que su difusión podría afectar directamente a las estrategias comerciales y al equilibrio competitivo en un sector ya liberalizado.
Llegada de Ouigo e Iryo a la red ferroviaria española
Hasta el año 2021, la red ferroviaria española estaba operada en su totalidad por Renfe, la compañía perteneciente al estado. Al liberar la red, se abrió la puerta a que empresas de todo el mundo pudieran instalarse en España. La francesa Ouigo fue la primera en instalarse, realizando en mayo de ese mismo año su primer viaje entre Madrid y Barcelona, el corredor que transporta más viajeros.
Un año más tarde, en noviembre de 2022, llegó Iryo, la operadora italiana, participada por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia. La entrada de ambas compañías supuso un aumento de la oferta de trenes y una mayor competencia en precios y servicios. En la actualidad, ambas compañías operan en la mayoría de rutas de alta velocidad de la red.
Para hacer competencia a la política de precios bajos de Ouigo e Iryo, Renfe creó su propia firma ‘lowcost’ denominada Avlo. El primer viaje de la operadora pública de bajo coste fue en junio de 2021 y el objetivo era mantener su cuota de mercado frente a la competencia. En septiembre de 2025 anunció la retirada de este servicio del corredor que conecta Madrid con Barcelona.
De hecho, Óscar Puente cuestionó la política de precios bajos de ambas compañías, argumentando que están vendiendo billetes por debajo de su coste real y acusándolas de practicar ‘dumping’ para ganar cuota de mercado. Según el ministro, esa estrategia ha llevado a Renfe a registrar malos resultados en rutas que antes eran rentables.
Incluso el ministro llegó a plantear la posibilidad de denunciar a Ouigo ante la Comisión Europea.
El ministerio no está obligado a difundir datos clave del ferrocarril
Ahora, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en respuesta a la petición de El Confidencial Digital, se ha negado a difundir el detalle de las tarifas ferroviarias que abonan estas compañías, ya que consideran que son un elemento central de su estrategia empresarial, porque están directamente relacionados con su estructura de costes y con la planificación de sus servicios.
En la resolución a la que ha tenido acceso el medio ya citado, han señalado que hacer públicos estos importes de manera individualizada permitiría a los competidores deducir datos clave sobre la operativa de cada compañía, como las rutas más rentables, la frecuencia de los trenes o los horarios con mayor demanda, alterando así el equilibrio competitivo del mercado.
Además, el ministerio ha recordado que estos pagos se realizan a Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, y forman parte del contrato que regula la relación económica entre el administrador de la red y las operadoras. En este contexto, ha subrayado que la información solicitada está estrechamente ligada a la oferta comercial, la estrategia de negocio y la competitividad de las empresas, y publicarlo sería negativo para el sector.
Finalmente, el ministerio liderado por Óscar Puente ha destacado que no existe una obligación legal expresa que exija publicar estos importes, un factor que refuerza su consideración como información no pública.
