Felip Puig volverá a testificar por el espionaje a los funcionarios catalanes

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La Audiencia también solicita la declaración de Xavier Gatius, actual director del CESICAT y abre la puerta a la apertura "si así se solicita, del juicio oral"

El consejero de Empresa, Felip Puig

Barcelona, 27 de diciembre de 2015 (19:07 CET)

El caso del espionaje a los funcionarios catalanes va para largo. Si bien el juez había ordenado el sobreseimiento libre de la causa de los dos denunciados, Carles Flamerich y Xavier Panadero, ex director y empleado del Cesicat, la agencia pública de ciberseguridad catalana, la Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por el denunciante, Albert Gabàs. El organismo pide la testificación, de Xavier Gatius, actual director de la entidad, y varias aclaraciones de su anterior comparecencia a Felip Puig, actual conseller d'Empresa de la Generalitat.

En sus respuestas, enviadas el pasado 11 de junio al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el antiguo responsable de Interior no se pronunció claramente sobre si autorizó, o no, la interceptación de su correo electrónico personal. Ahora, a petición del denunciante, que también testificará, deberá esclarecer el significado de tener la dirección "sometida a los criterios generales de seguridad" pero "gestionarla personalmente". Una aseveración que se contradice con un informe presentado por los Mossos d'Esquadra, como ha avanzado El Confidencial.

Segundo recurso de apelación aceptado

El auto emitido al que ha tenido acceso Economía Digital es el segundo que estima los recursos de apelación de la parte denunciante frente a las peticiones de "sobreseimiento" del juez. En esta ocasión, además, añade: "en este momento procesal debe dar lugar, si así se solicita, a la apertura de juicio oral". Una vez finiquitadas las diligencias el proceso irá un paso más allá. Sin embargo, fuentes vinculadas al proceso apuntan que "todavía es demasiado pronto para hablar de una fecha concreta". 

Además, la Audiencia Provincial desmiente al magistrado y lamenta que no sea cierta "la afirmación de que el hecho de que existieran problemas de seguridad en el correo del recurrente impide que los mismos hechos hubieren sido desviados sin su consentimiento haciendo devenir atípicos los hechos". 

Una red para espiar a los funcionarios catalanes

El proceso judicial se acerca a su momento decisivo tras más de dos años. En 2013, Gabàs, antiguo empleado del Cesicat, denunció a Carles Flamerich, entonces presidente, y Xavier Panadero, un trabajador por interceptar sus correos electrónicos sin su permiso. El método es simple: los servidores de la Generalitat disponen de un filtro para desviar los mensajes a los buzones seleccionados. Ya sea según el remitente, el destinatario o el asunto.

Pero el plan presenta una pega, son susceptibles a las notificaciones de recibo que se pueden adjuntar en los e-mails. El denunciante ha presentado hasta cinco acuses de buzones a los que no debió llegarles el correo original. Algunos incluso con una fecha anterior al destinatario original, por lo que queda descartada la opción del reenvío.

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Delito 197

De resultar finalmente culpables, los agentes podrían enfrentarse a penas de "entre tres y cinco años de cárcel" al incurrir en el delito 197 del Código Penal. Tendrían, además, el agravante de ser "las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros".
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