Puig y Espadaler, salpicados en un caso de espionaje de la Generalitat

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Los dos ex consellers de Interior declaran como testigos ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona

Felip Puig y Ramon Espadaler en una imagen de archivo.

en Barcelona, 30 de noviembre de 2015 (21:07 CET)

El antiguo conseller d'Interior, Ramon Espadaler, y su antecesor, Felip Puig, se han visto involucrados en una presunta trama de espionaje impulsada desde el Cesicat, la agencia pública de ciberseguridad catalana. Ambos tuvieron que responder, en calidad de testigos, a un interrogatorio en el que coincidieron a la hora de señalar que terceras personas no tienen acceso a su cuenta de correo electrónico. Un hecho que defendían los dos denunciados, Carles Flamerich y Xavier Panadero, el director y un empleado del organismo.

Los dos dirigentes hicieron llegar sus respuestas al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona los días 13 de mayo (Espadaler) y 11 de junio (Puig), y Economía Digital ha tenido acceso a ella. El actual secretario general de Unió se muestra claro al asegurar que su cuenta alojada en el servidor público está gestionada por él y "no existe una tercera persona autorizada" para acceder a ella.

Además, el poseedor de la cartera pública entre 2012 y 2015 explica que "no autorizó de forma específica" la aplicación de ningún protocolo de seguridad por parte del Cesicat que implicara la lectura de los correos. Por otro lado, reconoce que el Departament d'Interior no fue informado de manera "oficial, reglamentaria y fehaciente" por la agencia informática.

Felip Puig, tampoco libró autorización

En su declaración, el actual conseller d'Empresa i Ocupació en funciones también asegura "gestionar la cuenta personalmente". Afirmación que se suma a la realizada el 10 de abril de 2014. En una carta remitida al magistrado, Puig apunta que el e-mail "está sometido a los criterios generales de seguridad" y no ha librado ninguna autorización.

En sus respuestas enviadas en verano, "debido a la asiduidad y características de los correos del demandante, se empezaron a aplicar los protocolos de seguridad". Sin embargo, admite desconocer "los procedimientos propios de los protocolos de seguridad". En este caso, los mensajes recibidos, que ha podido leer Economía Digital, eran relativos al deficiente funcionamiento del Cesicat y se enviaban bajo el asunto '600.000€ al WC'.

La interceptación de los correos personales

Ante las preguntas realizadas por Panadero, Espadaler recuerda que sí fue conocedor "de la existencia de un problema de seguridad que vinculaba de alguna manera al denunciado". Puig también insiste en la declaración que "al tratarse de una dirección electrónica de la Generalitat, se encuentra bajo los criterios de seguridad que marca el organismo".

Sin embargo, ambos apuntan desconocer la existencia de un buzón llamado '[email protected]' a la que iban a parar todos los correos. El denunciante, un antiguo colaborador del Cesicat, tiene en su poder notificaciones de apertura de los mensajes de la cuenta.

Pero los mensajes no sólo iban a parar al receptáculo. Como consta en la denuncia, Panadero y Flamerich interceptaron a sus correos personales la correspondencia sin acreditación de los consellers. Un hecho que recogido en el delito 197 del Código Penal, en el que incurriría "el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones". 

Las penas que contempla el artículo oscilan "entre los tres y los cinco años" si "se realizan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros". Es el caso de los dos empleados de la agencia de seguridad informática.

La situación actual del proceso

En la actualidad, el proceso judicial se encuentra a la que espera de que la Audiencia Provincial se postule ante el segundo recurso de apelación presentado por el acusador el 14 de septiembre de 2015. En el texto se pide "revocar el dictado al no haber lugar al sobreseimiento libre de las actuaciones".

En el caso de probarse la culpabilidad de los trabajadores de la agencia, se desmontaría el sistema con el que el Cesicat tiene capacidad para acceder al buzón de correo de toda la flota de funcionarios catalanes. Por el momento, pero, el juez lo ha desestimado en dos ocasiones. A expensas de una nueva respuesta, la Audiencia ya le ha hecho rectificar una vez. "La cosa va para largo", apuntan fuentes implicadas en el proceso.

CONSULTA AQUÍ EL SEGUNDO RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

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