El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Fuego cruzado entre Gobierno y PP por el portazo de Marchena

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El PP da por roto el pacto para renovar el CGPJ y pide ahora reformar el sistema para despolitizar la justicia

Barcelona, 20 de noviembre de 2018 (12:11 CET)

La renuncia de Manuel Marchena a sustituir a Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo (TS) ha dinamitado el acuerdo suscrito por PP y el gobierno del PSOE para la renovación de ambos organismos y ha desencadenado una espiral de ataques cruzados entre ambos partidos.

Los que han abierto el fuego, después de que a primera hora de la mañana Marchena hiciera público el comunicado en el que reivindicaba su independencia y se descartaba para el puesto, han sido los populares, que han dado por roto el pacto y han anunciado que ya no consideran a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, una interlocutora válida en el proceso de renovación del CGPJ.

El PP ataca

El PP denuncia ahora "la irresponsabilidad del Gobierno al gestionar este proceso filtrando los detalles de la negociación parlamentaria ha desgastado a la Justicia", en palabras de un portavoz citado por Efe, aunque el desencadenante de la renuncia de Marchena no ha sido la difusión en los medios de que él era el elegido, sino la del mensaje de texto del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que este se jactaba de que el acuerdo para renovar el poder judicial permitía a los suyos tenerlo bajo control.

En aquel whatsapp, cuyo contenido desveló El Español, Cosidó decía que la renovación permitía al PP controlar "desde detrás" la Sala Segunda del Supremo, la de lo Penal, única que puede juzgar a diputados, senadores y miembros del Gobierno, "presidiendo" además, añadía, la sala 61, la que tiene la potestad de ilegalizar partidos políticos. El mensaje fue enviado al grupo que los senadores del PP comparten en la red social, asi que si fue el Gobierno quien filtró el mensaje es porque alguien del PP se lo filtró antes a él.

Cosidó recurrió a una disculpa de manual: admitió que el lenguaje que usó no fue "afortunado" pero alegó que sus palabras se habían malinterpretado porque "no se puede" controlar la judicatura desde el partido.  Los populares anuncian ahora que van a "reclamar la reforma del sistema de elección del poder judicial y buscar el consenso parlamentario para llevarla a cabo".

Y Ábalos contraataca 

El encargado de replicar, esta misma mañana, fue el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, que tras la voladura del pacto, acusó al PP de "bloquear" la renovación del CGPJ y hurgó en la herida de Cosidó. 

Entrevistado en la SER, el ministro sacó a colación, en modo ventilador, "la trama corrupta del PP", y consideró "extraño" que, tras su "alegato contra la independencia del poder judicial", el portavoz del PP en el Senado siga en su puesto y "además, exigiendo cuentas al Gobierno". "La pregunta es si se puede acordar algo con el PP", añadió Ábalos, que acusó a los populares de "bloquearlo todo" porque están, dijo, en "descomposición".

Más comedido se mostró el presidente Pedro Sánchez, que, en declaraciones a los medios en un foro organizado por The Economist, pidió al PP "sentido institucional" y que, "después del whatsapp conocido ayer", y "si sigue siendo un partido de Gobierno y de Estado", no rompa el acuerdo en aras de "la renovación y la normalidad institucional". Eso sí, también le pidió que cesara a Cosidó.

Elogios a Marchena

Sánchez aprovechó para elogiar a Marchena, único punto en el que ahora coinciden socialistas y populares, que también consideraron "acertada" la decisión del magistrado, cuya postura el presidente dijo entender "perfectamente" porque "se puso en duda su profesionalidad y su imparcialidad".

Y, en uno de esos retorcimientos tan propios de los argumentarios políticos, Sánchez consideró que la renuncia del escogido "ensalza su prestigio e independencia y "demuestra que era idóneo para presidir el CGPJ y el TS". Es decir, convirtió el fracaso del intento de renovación del poder judicial en la prueba de que las cosas se estaban haciendo bien.

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