Oficiales de la Guardia Civil rechazan el archivo de la causa del 8M

La asociación Unión de Oficiales ve "prematuro" el sobreseimiento y lamenta que el criterio de Fiscalía "choca frontalmente" con el suyo

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Mandos de la Guardia Civil se oponen al archivo de la causa del 8-M contra la Delegación del Gobierno en Madrid que propone la Fiscalía. La asociación policial Unión de Oficiales tilda de «prematuro» que se solicite el sobreseimiento de la causa a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel

En un comunicado, la asociación profesional sostiene que el criterio de Fiscalía «choca frontalmente» con su posición en el procedimiento: «Debe quedar claro que la característica de la fase instructora del procedimiento penal no es otra que la investigación de hechos en apariencia delictivos», sostiene Unión de Oficiales, que considera que la petición de la Fiscalía «choca frontalmente». 

«Mientras no se descarte la existencia de infracción criminal, a falta de practicar importantes diligencias probatorias acordadas por la magistrada instructora, la causa merece proseguir en aras de conocer la verdad de unos hechos», lamenta la organización de agentes policiales. 

En el supuesto de que la juez Carmen Rodríguez-Medel dictara auto de sobreseimiento o archivo de la causa, esta asociación de guardias civiles ha anunciado que recurrirá tal decisión ante la propia titular o bien ante la Audiencia Provincial de Madrid: «La verdad es como el sol, puede ocultarse por un tiempo, pero seguirá ahí».

La asociación profesional de la Guardia Civil comparte junto a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena la dirección letrada de las acusaciones particulares en la investigación sobre el polémico cese de Fernando Grande-Marlaska a Diego Pérez de los Cobos y la cúpula de la Benemérita

¿Archivo de la causa?

Precisamente, la Fiscalía de Madrid se había puesto de parte del Gobierno al solicitar el archivo de la causa donde se investiga la manifestación del 8M en la capital española al considerar que no existen indicios de delito. EL organismo Fiscal que debe concretarse «en primer lugar» cuál es el hecho, y recuerda que el auto objeto de apelación no parece identificarse con claridad. 

«Pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil«. El organismo también recuerda que Franco no estaba obligado ni legitimado al no tener competencias en materia sanitaria ni de salud pública– para tomar unas decisiones distintas a las que tomó. 

Franco está citado a declarar el miércoles 10 por un delito de prevaricación administrativa, pero la Fiscalía objeta que no se dan las circunstancias para acusarle de ese delito, ni por acción ni por omisión, entre otras razones porque el delegado del Gobierno no tiene competencias en materia sanitaria ni de salud pública.

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