Homs se erige en el mártir que busca el soberanismo

Homs ha trazado una estrategia diferente a la de Artur Mas, y las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega. En parte, Homs busca una condena que dé sentido al soberanismo, como un movimiento insurrecto ante el Gobierno español. Pero Homs tampoco puede eludir algo que físicamente cometió, pese a las advertencias del equipo jurídico del Govern de la Generalitat. Tras la suspensión por parte del Constitucional, que llegó el 4 de noviembre, a cinco días del 9N, Homs se responsabilizó, frente a las empresas contratadas, de la consulta y, lejos de dar órdenes para parar el proceso, autorizó que se siguiera adelante.

Quien reclamó que el Govern diera una respuesta fue T-Systems, responsable de poner en marcha los programas informáticos para el 9N. José Manuel Desco, director general de T-Systems, aseguró que la respuesta que recibió del propio Homs no dejó ninguna duda. «Con la respuesta debíamos cumplir el contrato con la Generalitat». Homs les dio cobertura, con la idea de que no se cometía ninguna ilegalidad.

Cabeza de turco

Eso cambia la situación de Homs respeto a Mas, Rigau y Ortega, según los juristas consultados. Mientras que el TSJC deberá probar que el ex presidente y las ex consejeras autorizaron de forma expresa que la consulta siguiera adelante, el Tribunal Supremo sabe que Homs dio luz verde con su propia firma. El hecho es que Homs quiso que fuera así, buscó su implicación directa, con la idea, reiterada este mismo lunes, de que no cometía ninguna ilegalidad, porque el Constitucional no expecificó qué acciones no podía acometer el ejecutivo catalán. Y que si las cometía bien estaba para el proceso soberanista.

Homs se ha erigido en una especie de cabeza de turco porque el soberanismo necesita que suba la temperatura. El diputado independentista en el Congreso podía haber renunciado a su condición de aforado, para que la causa se concentrara en el TSJC, como Mas, Rigau y Ortega. Pero quiso que el Congreso votara sobre su suplicatorio, para poder ser juzgado por el Tribunal Supremo, con el objeto de que toda la cámara se retratara y se considerara que se le juzga por una acción política, y no jurídica. En el pleno, PP, PSOE y Ciudadanos, votaron a favor del suplicatorio, y sólo Podemos y los partidos nacionalistas lo rechazaron.

El TC «no mandaba nada»

Homs, además, con un tono provocativo, que llevó al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, a advertirle de que estaba en el Supremo «y no en su casa», insistió en que el Constitucional no obligada a parar la consulta. «El TC mandaba tanto que no mandaba nada», porque «los extremos son sinónimos en este contexto».

En los últimos días, Homs ha buscado el cuerpo a cuerpo con el Gobierno español, al entender que si es condenado «será el fin del estado español». Es la búsqueda de un enfrentamiento que provoque movilizaciones sociales cuando se tense la cuerda, y la convocatoria de un referéndum lleve al Gobierno a una disyuntiva, sobre la posible suspensión de la autonomía, un extremo al que no quiere llegar el presidente Mariano Rajoy. Precisamente, el jefe del Ejecutivo reclamó «normalidad» ante el proceso judicial, y recordó que España «tiene muy buena salud». El objetivo de Rajoy es que «el señor Homs se defienda, tiene perfecto derecho a hacerlo, y que el Tribunal Supremo haga justicia según su leal saber y entender».

Homs, pese a sus reiteradas respuestas sobre la «legalidad» de su actuación, dando cobertura a todo el Govern, como aseguró el ex consejero Felip Puig al explicar la respuesta a T-Systems, cuya pregunta él derivó al ahora diputado en el Congreso, va a pecho descubierto. Admitió, así, que redactó la carta a T-Systems porque el Constitucional en ningún caso indicó «qué tenía que hacer con los proveedores», un argumento que no casa con la idea de la fiscalía, que le pide 9 años de inhabilitación, porque a su juicio el contenido de la resolución del 4-N del Tribunal Constitucional era claro: suspender la consulta.