Indra pagó a jueces de Madrid por orden del Gobierno de Ignacio González
La multinacional destinó 230.000 euros a retribuir a 32 magistrados por su colaboración en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas para justicia
Indra ha destinado 230.000 euros a retribuir a 32 magistrados y funcionarios de Madrid para que participaran en el desarrollo de nuevas herramientas informáticas para agilizar la justicia de la comunidad, tal y como marca la implementación de la denominada agenda digital. El grupo liderado por Fernando Abril realizó los pagos por orden del Ejecutivo de Ignacio González.
La estructura de abonos periódicos se diseñó al final del mandato de Esperanza Aguirre, aunque fue durante el mandato de su sucesor cuando se ejecutaron la mayoría de ellos, indica El País.
Asesorar sin cobrar
Es habitual que el personal público colabore con las empresas encargadas de desarrollar mejoras tecnológicas en las administraciones. Son ellos los que conocen sus necesidades y cuáles serían las soluciones requeridas para ganar agilidad, el fin de la innovación en el sector público. Lo que no es tan normal es que se retribuya esta colaboración.
La propia Indra ha trabajado con la consejería de Educación en implementar la agenda digital en el departamento. Ningún profesor o personal del equipo docente que ha asesorado a la compañía ha recibido una retribución. El caso de la mejora en Justicia es distinto porque fueron los magistrados los que exigieron cobrar por ello, indican fuentes regionales.
El presidente del TSJM pidió la retribución
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Marid (TSJM), Francisco Vieira, expuso en distintas reuniones con el Ejecutivo que asesorar a Indra quedaba fuera de sus obligaciones y que por ello deberían recibir una compensación.
Él fue uno de los que participó en la iniciativa. Los propios magistrados de otras plazas dudan de que la actitud de sus compañeros sea legal. Señalan que un juez nunca puede cobrar de una empresa privada, como ha ocurrido en este caso.
Empresa relacionada con la ‘operación Púnica’
Indra afirma que paga porque así consta en el pliego de condiciones, aunque la orden de abonar periódicamente entre 400 y 600 euros al mes parte de la propia consejería de Justicia a través de la empresa ICM, 100% de titularidad pública.
Se trata de la misma sociedad que está bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la operación Púnica. El magistrado ha señalado los indicios de que el Gobierno de Ignacio Gonzalez usara a ICM para emitir facturas falsas a Indra.
