Junts pel Sí acuerda con la CUP la ''República de derecho''

stop

Los dos grupos ya tienen lista la ley de transitoriedad jurídica nacional para "desconectar" con España cuando se celebre el referéndum 

Economía Digital

En primera fila, Ada Colau, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Marta Pascal, Artur Mas y Núria de Gispert, antes de empezar la cumbre independentista. / TONI ALBIR / EFE
En primera fila, Ada Colau, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Marta Pascal, Artur Mas y Núria de Gispert, antes de empezar la cumbre independentista. / TONI ALBIR / EFE

Barcelona, 29 de diciembre de 2016 (17:36 CET)

Desconexión. Todo preparado y con la ley en la mano. Con esos argumentos Junts pel Sí y la CUP han acordado la "Républica de derecho", como se recoge en la ley de transitoriedad jurídica nacional que se aplicará cuando se celebre el referéndum.

El mismo día en el que el CEO deja a los dos grupos independentistas sin la mayoría absoluta, Junts pel Sí y la CUP han dado a conocer la ley que se aprobará en el Parlament, "cuando convenga" y que permitirá "pasar de la ley a la ley", es decir, de la legalidad española a la legalidad catalana. Esa es la fórmula del bloque independentista, que considera que hay varias legitimidades democráticas, y que los diputados catalanes deben obedecer al Parlamento catalán, al margen de la legalidad que marca la Constitución española.

Se trata de una decisión que busca convencer a las propias filas independentistas, después de las dudas generadas principalmente en el seno del PDCAT, con voces como las de Mercè Conesa, que apuestan por convocar unas elecciones y dejar de lado el referéndum.


República de derecho, democrática y social

Junts pel Sí y la CUP quieren seguir adelante con una ley que en su articulado reza lo siguiente: "Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social", y que tiene nueve puntos sobre disposiciones generales; nacionalidad y territorio; la sucesión de ordenamientos y de administraciones; los derechos y deberes; el sistema institucional; el poder judicial y la administración de justicia; las finanzas; referéndum de independencia; el proceso constituyente y disposiciones finales de inaplicación.

Todo queda pendiente, como se señala en el epígrafe de la ley, de saber lo que ocurre con el referéndum. Las contradicciones son enormes, porque este texto llega después de una cumbre –el pasado viernes-- en la que Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, se mostró favorable a buscar el apoyo del partido de Ada Colau –Els Comuns-- para lograr un referéndum acordado con el Estado.

Presiones internas

Sin embargo, a pesar de ese anuncio, el bloque independentista no quiere ofrecer más pistas. La idea es aprobar la ley en el Parlament, y, prácticamente sin tiempo material, convocar el referéndum al día siguiente para que el Gobierno no lo pueda recurrir. Una treta que el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, resumió con el mensaje de que la ley "se guardará bajo llave".

La presión en el seno del mismo bloque independentista es enorme porque el diputado de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, ha anunciado que los republicanos saldrán del Govern de la Generalitat si se decide no convocar el referéndum y sustituirlo por unas nuevas elecciones al Parlament.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad