La Agencia Tributaria catalana ‘pone en peligro’ a los registradores
Los registradores de la propiedad denuncian que la gestión de impuestos por parte de la ATC arriesga el futuro de las oficinas que prestan este servicio
Vista de la nueva sede de la Agencia Tributaria de Cataluña.
La Generalitat quiere ampliar las funciones de la nueva Agencia Tributaria de Cataluña, y anunció que dará de baja el convenio por el que los registradores de la propiedad ayudan a liquidar los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, y Sucesiones y Donaciones.
Luis Suárez, decano de los Registradores de la Propiedad de Cataluña, dijo que las 53 oficinas liquidadoras que hay en la comunidad autónoma y las dos que dan apoyo a la ATC «están absolutamente en peligro».
En una entrevista publicada por Efe, Suárez solicita al gobierno catalán que «replantee» su decisión de dar de finalizar el convenio. Como alternativa, han mantenido reuniones con el secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó, para que los registradores catalanes puedan ampliar la colaboración con el Gobierno a otros impuestos, como el de Patrimonio o la Tasa turística.
«La Generalitat no está preparada»
Para el decano, aunque la Generalitat tenga de personal calificado para asumir estas funciones, «no están preparados» para asumir esta nueva carga de trabajo.
Cada año, el Gobierno catalán paga 25 millones de euros a los registradores para gestionar los impuestos cedidos. Con la baja de este convenio, la Generalitat quiere absorber a 300 trabajadores contratados por los registradores que se dedican a liquidar estos impuestos.
Antes de que esto suceda, Suárez dijo que previamente hay que lograr un acuerdo entre los Registradores de la Propiedad y los representantes sindicales.
En búsqueda de técnicos
Actualmente, entre 2.500 y 3.000 personas trabajan para los registros de la propiedad y mercantiles en Cataluña, y 314 de ellas están especializadas en liquidar impuestos de la Generalitat.
No obstante, sólo hay unos 200 registradores de la propiedad en Cataluña, es decir, funcionarios habilitados por el Estado para estas funciones, de forma que el resto del personal lo contratan para gestionar este servicio.
Por las dudas, ya Suárez ha advertido que es posible que haya registradores a los que no les interese desprenderse de todo este personal.
