Quim Torra y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en una concentración independentista en Barcelona. Foto: EFE/AG
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La entidad soberanista aprobará una hoja de ruta que fija el los días posteriores al 28-A como límite para consumar la independencia o convocar elecciones

Alessandro Solís

Economía Digital

Quim Torra y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en una concentración independentista en Barcelona. Foto: EFE/AG

Barcelona, 30 de marzo de 2019 (16:36 CET)

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) pone a Quim Torra un límite para conseguir la independencia o, en su defecto, convocar elecciones. El horizonte lo fija en las semanas posteriores a las elecciones generales del 28 de abril, cuando el presidente de la Generalitat deberá aprovechar "la debilidad gubernamental" para retomar la vía unilateral. O abdicar.

La entidad independentista reconoce que es "muy posible" que Torra "disuelva el Parlament y convoque elecciones anticipadas" después del ciclo electoral y ya con la sentencia del juicio al procés en firme. Ante este panorama, la ANC afea al Govern que el soberanismo "sigue sin una estrategia común para alcanzar la independencia".

Así lo recoge la hoja de ruta que la organización presidida por Elisenda Paluzie previsiblemente aprobará en asamblea el próximo 5 de mayo, que más que hoja de ruta es su enésimo croquis dirigido a Torra para que sepa lo que debe hacer ante la evidente contracción de las posibilidades del independentismo casi año y medio después de los comicios del 21-D.

En el escrito, recogido por El Mundo, la ANC registra las debilidades y la cobardía que han caracterizado la legislatura. "El discurso retórico, contundente y en ocasiones de un radicalismo exaltado en las formas y los mensajes del Gobierno autonómico no se corresponde con el cumplimiento de los compromisos electorales del 21-D, ni con el mandato del 1-O", dice.

ANC: antes de convocar elecciones, esto es lo que debe hacer Torra

Antes de ponerse a trabajar de cara al escenario de descontrol total, la Assemblea explica a Torra, punto por punto, lo que se supone que debe hacer después de las elecciones del 28-A. Superadas las urnas, el president tiene la tarea de generar "una ventana de oportunidad" y alinear al Govern, el Parlament y "la ciudadanía movilizada" para completar la secesión.

Para ello, el sucesor ungido de Carles Puigdemont debe ordenar la publicación de la declaración de independencia en el Diari Oficial de la Generalitat, antes de "hacer una proclamación solemne de la República catalana ante el mundo, arriando la bandera española del Palau de la Generalitat y del Parlament".

Despojados los edificios públicos de los símbolos oficiales, debe "pedir el reconocimiento internacional de la independencia de Cataluña y constituirse en Estado", "publicar los decretos de desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica, dejar en libertad a los presos políticos y organizar el retorno de los exiliados".

ANC: el Govern de Puigdemont "incumplió el mandato del Parlament"

Una faena dantesca, prácticamente imposible, por decir lo menos, que lleva a la conclusión de que la ANC prevé nuevas elecciones autonómicas en Cataluña tan pronto como en otoño. La entidad apuesta por convertir estos potenciales comicios en unas plebiscitarias de resultado vinculante.

Si el independentismo se hace con más del 50% de los votos, "se podría culminar por la vía unilateral el proceso iniciado el 1-O" y acabar de una vez por todas con la insistencia de Torra de intentar pactar un referéndum de autodeterminación. A juicio de la ANC, en este momento el diálogo no llevará a ningún lugar.

Si alguien pregunta de quién es la culpa de que las cosas llegaran a este punto, la ANC tiene algunas respuestas: además de Torra, el Govern de Puigdemont no hizo lo que prometió. "La declaración unilateral no se defendió" y "el Govern incumplió el mandato del Parlament", dice el documento.

Y añade: "No se reconoció a sí mismo como Govern de la República, no hizo efectivo el control del territorio ni la aplicación de la Ley de Transitoriedad Jurídica, no desplegó ninguna acción internacional y cesó toda la actividad ejecutiva; de facto aceptó la legalidad española y la aplicación del artículo 155".

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