La fiscalía de Brasil pide la entrada en prisión de Lula da Silva 

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Una semana después de ser interrogado por el caso Petrobras, el ministerio público justifica en el riesgo de fuga la petición contra el expresidente, tras acusarlo de ocultar su patrimonio y de lavado de dinero 

Economía Digital

Lula da Silva, ex presidente de Brasil, sale de una reunión este miércoles con senadores del Gobierno de Dilma Rouseff / EFE
Lula da Silva, ex presidente de Brasil, sale de una reunión este miércoles con senadores del Gobierno de Dilma Rouseff / EFE

Barcelona, 11 de marzo de 2016 (10:09 CET)

La crispación política y judicial se agrava por momentos en Brasil. Este viernes se ha conocido la petición de la fiscalía brasileña de prisión preventiva para Luiz Inácio Lula da Silva, o simplemente Lula, el que una vez fue presidente y carismático líder de la principal economía latinoamericana.

Los escándalos de corrupción se acumulan sobre la mesa del político brasileño. La petición del ministerio público responde a un supuesto delito de lavado de dinero y ocultación de patrimonio, por el que fue denunciado el pasado miércoles. Unos días antes, Lula había sido detenido e interrogado para aclarar su vinculación con la trama corrupta en torno a la empresa pública Petrobras.

Lavado de dinero

En esta ocasión, sin embargo, se trata de una causa diferente. El fiscal de São Paulo acusa al ex presidente y a su esposa de ocultar la propiedad de un apartamento de lujo en Guarajá, en la costa del estado paulista, que figura a nombre de la constructora OAS, también investigada en el caso Petrobras. Lula siempre ha negado que esta vivienda sea suya.

Riesgo de fuga

Según el fiscal, la petición de cárcel responde al riesgo de fuga y obstaculización de las investigaciones por parte del ex mandatario. El auto justifica esta decisión en que para Lula sería "extremadamente simple" huir de la justicia y que, aislándolo, garantizarían "el orden público, la instrucción del proceso y la aplicación de la ley".

Acusaciones a Rouseff

Igualmente, la fiscalía apunta directamente a Dilma Rouseff, sucesora de Lula, por pretender "blindar al denunciado, erigiéndolo por encima de la ley". Según informan medios locales, desde hace días se especula con la posibilidad de que el político del Partido de los Trabajadors (PT) entre en el equipo de Gobierno para adquirir la condición de aforado. Un extremo que en ningún caso ha sido confirmado hasta ahora por el ejecutivo brasileño. 
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