La independencia unilateral de Catalunya costaría 5.000 millones al mes
Los asesores de Mas ven viable una seguridad social catalana
El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) ha cifrado este lunes en entre 4.500 y 5.000 millones de euros al mes el coste que tendría inicialmente para Catalunya declararse independiente sin acuerdo con el Gobierno central, un coste que, defiende, debería costearse con créditos, emisiones de deuda o ‘bonos patrióticos’.
Así consta en el informe sobre la viabilidad fiscal y financiera de una Catalunya independiente que el presidente del órgano asesor, Carles Viver Pi-Sunyer, ha entregado este lunes al Govern, que incluye dentro de esta cifra el coste que tendría para las arcas de la Generalitat hacer frente, entre otras cosas, a la Seguridad Social, las nóminas de los funcionarios y los asuntos exteriores.
Hacienda propia
En rueda de prensa junto al conseller de la Presidencia, Francesc Homs, Pi-Sunyer ha asegurado que es imposible calcular durante cuantos meses podría prolongarse este sobrecoste para las arcas de la Generalitat, pero ha defendido que se paliaría una vez la administración tributaria catalana funcionase a pleno rendimiento.
Para financiar estos recursos extras, el CATN plantea que la Generalitat pueda pedir préstamos a entidades financieras catalanas o extranjeras, que se emita deuda pública por parte de un nuevo Banco Central de Cataluña, emitir bonos patrióticos o bonos cambiables por impuestos pendientes de meritar.
Ganacias fiscales
Sin embargo, tras estos primeros meses en los que no habría una administración tributaria a pleno rendimiento, el informe sostiene que una hipotética Catalunya independiente tendría unas ganancias fiscales de alrededor de los 11.500 millones de euros, un 5,95% del Producto Interior Bruto catalán (PIB).
Según el CATN, esa cifra proviene de la diferencia entre lo que ingresaría de más y los nuevos costes a los que tendría que hacer frente una Catalunya independiente –5.810 millones de euros–, más los 7.184 millones de dejar de participar en la amortización de la deuda derivada del déficit de España, un montante al que habría que restar 1.400 millones para contribuir a la UE.
