La juez investiga a la Unión de Consumidores por delitos económicos

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La Unión de Consumidores de Andalucía está acusada de montar una estructura delictiva para alzamiento de bienes

Susana Díaz, durante un reciente acto de la federación andaluza del PSOE. / EFE

26 de diciembre de 2018 (14:16 CET)

La Unión de Consumidores de Andalucía está siendo investigada en los juzgados de instrucción de Sevilla por un delito de alzamiento de bienes. Es una de las grandes organizaciones de consumidores que ha recibido subvenciones de la Junta de Andalucía durante los últimos años para su funcionamiento.

El juzgado de instrucción número 19 de Sevilla ha admitido a trámite una querella contra la organización por alzamiento de bienes después de que la sociedad se declarase en situación de insolvencia y se negara a asumir las deudas contraídas con sus trabajadores, según ha publicado este miércoles el diario ABC.

Investigaciones judiciales

La asociación estaba presidida por el dirigente socialista Juan Moreno Rodríguez, que había utilizado la organización y una empresa asociada para recibir pagos de empresas privadas por realizar informes favorables de marcas comerciales.

“Desde hace más de una década, UCA-UCE ha celebrado numerosas ruedas de prensa y publicado informaciones en su revista y su web dedicadas a elogiar a empresas que resultaron estar entre las pagadoras”, ha denunciado la asociación de consumidores Facua.

Los juzgados investigan ahora la querella de los extrabajadores, que aseguran que Moreno creó una organización paralela, la Unión de Personas Consumidoras de Sevilla, para determinar si la nueva asociación recibió dinero y recursos desviados de la Unión de Consumidores de Andalucía, que se declaró insolvente.

La sede de la Unión de Consumidores de Andalucía tiene su sede embargada por sus deudas con Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social. La organización ha sido expulsada de los órganos de gobierno de la Junta de Andalucía, presidida por la también socialista Susana Díaz. 

La organización sin ánimo de lucro funcionaba en paralelo a una sociedad mercantil que facturaba a grandes empresas del sector.

Su estructura es similar a la de otras organizaciones de consumidores en España como la OCU, que mantiene una sociedad que teóricamente no tiene ánimo de lucro pero que está vinculada con una empresa con una facturación anual de unos 25 millones de euros.

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