La Mesa del Congreso,  reunida el jueves. EFE/Chema Moya

La Mesa del Congreso suspende a Junqueras

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La Mesa suspende finalmente a los cuatro diputados independentistas en prisión provisional con los votos de PSOE, PP y Cs y la oposición de Podemos

Barcelona, 24 de mayo de 2019 (13:33 CET)

Se acabó el culebrón de los diputados independentistas en prisión preventiva. O, al menos, su primer capítulo, el de la toma de decisión sobre la suspensión de los mismos, porque ahora vendrá la reacción de los independentistas, claro. El caso es que, tras una semana de tira y afloja entre Meritxell Batet y el Tribunal Supremo y tres días de choque frontal entre el bloque integrado por PSOE y Unidas Podemos y el de PP y Cs , Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull ya están suspendidos.

La decisión la tomó finalmente la Mesa del Congreso, tras una segunda reunión en 24 horas, celebrada esta vez teniendo ya sobre la el informe que Batet solicitó el jueves a los servicios jurídicos de la cámara, y que avala la suspensión automática de los cuatro procesados. Aún así, la medida, que contó con los votos de PSOE, Cs y PP, se tomó con la oposición de Unidas Podemos, el cuarto de los grupos que integran la Mesa.

Eso sí, finalmente no se suspende a Junqueras y compañía en virtud del reglamento del Congreso, como podía esperarse dado que el Supremo trasladó a la Cámara Baja la responsabilidad de la decisión, sino en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), como ya se hizo en el Parlament.

¿Y eso? El artículo 21.1 del reglamento prevé la suspensión cuando un diputado se haya en prisión preventivo y ya haya un auto de procesamiento firme contra él. Pero también incluye una tercera condición: que ese procesamiento se haya dictado previa autorización de la cámara, que tiene que darse en respuesta a un suplicatorio del Supremo solicitándola. Y esta vez, al estar el juicio ya comenzado, el TS consideró que no era necesario el suplicatorio.

En consecuencia, la Mesa, siguiendo la  tesis de los abogados, ha entendido que ese tercer requisito que exige el reglamento no se cumple, así que ha optado por aplicar la suspensión en base al artículo 384 Bis de la Lecrim, que prevé la suspensión de los cargos públicos procesados por rebelión.

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