Municipalizar el agua sale caro a Valladolid
El TSJ de Castilla y León tumba la ordenanza reguladora de la tasa del agua en el ayuntamiento de Valladolid
Tan sólo un año después de devolver la gestión del agua a la empresa pública Aquavall, Valladolid ha sufrido un revés en su política de municipalización del ciclo integral del servicio. Mala semana, pues, para el alcalde, Óscar Puente, tras la polémica con la portavoz de Ciudadanos en la ciudad.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto en una sentencia con fecha del 14 de junio que el ayuntamiento de Valladolid cobró el servicio del agua de forma ilegal en 2017.
La resolución judicial ha anulado, por tanto, la ordenanza fiscal orquestada por el gobierno socialista. Le obliga a pagar las costas del pleito y le expone a sufrir un golpe en sus arcas públicas.
Los pucelanos que así lo decidan podrán ahora impugnar la tasa del agua de 2017, y también la de 2018, exigiendo la devolución del dinero pagado hasta el momento.
Tasa y tarifa
La sentencia del órgano judicial se resuelve, precisamente, por la aplicación incorrecta del término “tasa”.
El TSL leonés ha afirmado que la ordenanza aprobada por el ayuntamiento en 2017 es contraria al ordenamiento jurídico, y que los ingresos por estos conceptos deben cobrarse mediante “tarifas”.
El gobierno vallisoletano se convirtió en el primer gran consistorio en recuperar la gestión directa del agua, descartando la colaboración público – privada bajo el argumento de que la tarifa a cobrar por el agua “debía ser una tasa pública”.
Fue entonces cuando remunicipalizó el servicio de gestión integral del agua a través de Aquavall, y ahora, los jueces han rechazado su planteamiento.
