La reforma de los ayuntamientos, al Congreso

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con la que el Gobierno central estima que se ahorrarán más de 8.300 millones de euros hasta 2019, ya está más cerca de ser una realidad. Este viernes superó su último trámite antes de ser remitida al Congreso tras ser aprobada por el Consejo de Ministros. La norma ha desatado la polémica entre la oposición, que considera que abre la puerta a una mayor privatización de los servicios públicos y constituye un ataque a la independencia de los ayuntamientos.

Según el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que rechazó estas críticas, la ley es “promunicipalista y pretende situar a las corporaciones locales en el lugar que se merecen en el Estado de las Autonomías y que históricamente no se les ha dado”.

Entre los objetivos de la norma destaca el de racionalizar la administración, mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y, sobre todo, reordenar las competencias entre las administraciones locales y autonómicas para evitar duplicidades en materias tales como sanidad, educación o servicios sociales.

Sueldos de los alcaldes

El aspecto más llamativo de la futura norma es que limitará el sueldo de los alcaldes en función de la población del municipio. Así, se establece un tope máximo de 100.000 euros anuales (equivalente a un secretario de Estado) para las seis localidades de más de 500.000 habitantes.

Luego, la cantidad a percibir irá disminuyendo. Así, los primeros ediles de las poblaciones de entre 1.000 y 2.000 vecinos percibirán un 20% de esa cantidad. Por debajo de este límite, los alcaldes no tendrán sueldo. Esto afectará al 82% de los 8.116 consistorios que hay en España y que se encuentran en esa situación.

Los asesores

El anteproyecto también pone coto a la figura de los asesores. En total, no podrá haber en España más de 6.489 empleados de este tipo. En las ciudades con más de medio millón de habitantes sólo podrán suponer el 0,7% de la plantilla.

Si el número de vecinos se sitúa entre esta cifra y 50.001, no podrá haber más asesores que concejales (entre 12 y 19). Los municipios con menos de 5.000 habitantes no podrán contar con ninguno.

Del “coste estándar” al “coste efectivo”

Sobre la ley pesa un informe del Consejo de Estado que advertía de una posible inconstitucionalidad ya que recorta la autonomía de los ayuntamientos. El motivo era la introducción del concepto de “coste estándar” que obligaba a las corporaciones a ofrecer sus servicios a un determinado precio.

Al respecto, Montoro anunció que ha sido sustituido por una medida de “coste efectivo”. Según explicó, este obligará a los ayuntamientos a publicar el precio que pagan por cada uno de los servicios. Así, si la cifra es superior a la media, el mismo será asumido por la diputación para que pueda ofrecerlo a un coste inferior. Estas instituciones provinciales son las que más reforzadas salen con la nueva redacción del proyecto de ley.

Otro de los aspectos de la futura norma es que dará un impulso a la fusión “voluntaria” de los municipios más pequeños poniendo a su disposición apoyo financiero. El objetivo es “evitar la dispersión administrativa que, en ocasiones, es muy costosa”, apuntó Montoro.

Ley de Cámaras

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó también el proyecto de Ley Básica  de Cámaras Oficiales de Comercio, que establece un nuevo sistema de financiación basado en las cuotas voluntarias y las aportaciones voluntarias.

Entre otros aspectos, contempla que la comunidades autónomas puedan dar una mayor representatividad en los órganos de gobierno a las empresas que hayan realizado estas contribuciones voluntarias a las cámaras.

Sin embargo, la mitad más uno de los vocales de los plenos serán elegidos democráticamente. Otro punto es que permite la incorporación de las asociaciones de autónomos a estas entidades.