La verdad del ‘Camargate’ vive guardada en la caja fuerte del abogado de Pujol

Dos millones de euros. Es la cantidad que tendrán que pagar la líder del partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho; la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez; y el director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, si rompen el acuerdo firmado una noche de junio de 2013 en el que se comprometían a no revelar lo que de verdad ocurrió antes, durante y después de la grabación que tuvo lugar en el restaurante La Camarga.

Ese pacto se materializó negro sobre blanco y quedó depositado y custodiado por Cristóbal Martell, una de las togas de oro de Barcelona –ex presidente de la comisión deontológica del Colegio de Abogados de Barcelona y defensor, entre otros, de los líderes del PSC–. Por aquel entonces, el letrado desconocía que acabaría siendo el abogado de cabecera de Jordi Pujol y de toda su familia.

La negociación se llevó a cabo en un despacho de la calle Muntaner de Barcelona. El abogado de Marco, Álvaro Amigó, y el de Sánchez Camacho, Javier Igualador, pusieron toda la verdad del Camargate sobre la mesa. Lo hicieron sin sonrojo. Al fin y al cabo ellos sólo eran y son los abogados. Es decir, los que cobran por barrer las vergüenzas que dejan tras de sí sus clientes.

Reunión intensa. Acuerdo evidente.

Sin embargo, por la propia naturaleza de aquel encuentro, parece evidente que lo que sucedió antes, durante y después de la comida en La Camarga no era del todo trigo limpio.

Fue una reunión, intensa. No tensa, porque, había una común tribulación: quien más y quien menos quería correr un tupido velo sobre lo acaecido alrededor de una conversación de más de dos horas entre las dos mujeres. No costó mucho, por tanto, poner sobre el papel los detalles del acuerdo que se pueden resumir en una idea madre: «Nunca se tiene que saber lo que ocurrió. Y quien rompa el pacto, lo pagará». Dos millones de euros fueron la multa pactada entre las partes.

Álvarez esperaba noticias

A pocos metros del despacho, en el hall del Hotel Hesperia President de Barcelona, aguardaba noticias Victoria Álvarez, acompañada por su abogado. La ex novia de Pujol Ferrusola era la tercera en discordia y la que, por otro lado, tenía menos que perder, por no decir nada: Álvarez ni estaba ni está sometida al escrutinio político que sí atañe a Sánchez Camacho ni al control deontológico y profesional al que está sometido el detective. Así, sobre las 1:30 horas irrumpía en el hotel el abogado de Sánchez Camacho, Javier Igualador. Traía noticias recién salidas del horno negociador: «Hemos llegado a un acuerdo».

La ex novia de Pujol firmó en blanco

Álvarez firmó un documento en blanco. En el fondo, a ella le daba igual la letra pequeña o el detalle de lo que allí se había acordado. Después de haber dado la cara ante policías, jueces y fiscales ávidos de información delicada sobre los Pujol, su principal aspiración era salir de ese embrollo con los bolsillos llenos. Una especie de compensación por el desgaste personal.

Ese acuerdo de confidencialidad, que la obligaba a estar con la boca cerrada sobre lo que sabía relativo a la controvertida comida de La Camarga (que era bien poco), contemplaba el compromiso de una de las partes (Método 3) de resarcir económicamente a la ex novia con 50.000 euros. Victoria aceptó con un resignado «menos da una piedra». Aquella misma mañana se había firmado un acuerdo (éste sí, con luz y taquígrafos) entre las mismas tres partes para oficializar el compromiso de pago.

Álvarez firmó un contrato de confidencialidad cuyo contenido desconocía y a pesar del cual el pasado viernes abrumó a los diputados de la comisión parlamentaria de investigación del caso Pujol con su verborrea incontenible. A veces lo hizo con argumentos muy contrastados, otras no. Ese documento es el que obra en poder de Martell.

Propietario de la llave del escándalo

Como dirían los amantes de la novela negra, el abogado Cristóbal Martell tiene la llave del calabozo. Lo sabe todo, lo custodia todo. Lo administra todo y lo calla todo. Eso le convierte en una toga dorada. Y él sabe que ése es su mayor pedigrí.

Sin embargo, llama poderosamente la atención, que el reputado abogado –muy amigo de Francisco Marco; asesor y amigo personal del que fuera número dos de los socialistas catalanes José Zaragoza; actual defensor del ex presidente Pujol, de su esposa, de su primogénito y de otros tres descendientes del político– fuera la persona escogida para guardar ese secreto con tan poliédricas derivaciones. El asunto permite realizar apuestas.

Marco lanza balones fuera

Francisco Marco, en conversación con Economía Digital se ha limitado a decir que «ni confirmaba ni desmentía» la existencia de ese acuerdo. «Sí fuera cierto y yo lo confirmase –agrega–, lo estaría vulnerando».

–Con el órdago del viernes en el Parlament, ¿Victoria Álvarez habría vulnerado el pacto, no? –le pregunta el periodista–.

–Si es cierto, parece que sí –responde lacónico–.

O quizá no. La respuesta escéptica del detective sugiere que la ex novia de Pujol Ferrusola conoce la música (probablemente certera) pero no toda la letra.

Todos salvan los muebles, menos Alicia.

Marco fue detenido en febrero de 2013. El pacto secreto se firmó en junio de ese año. Seis meses después, en diciembre, la Audiencia de Barcelona cerraba definitivamente el caso La Camarga.

Álvarez ya ha cobrado. Las acusaciones contra Marco fueron archivadas. Zaragoza evitó, in extremis, declarar ante el juez. Alicia Sánchez Camacho es la que peor lo tenía y, además, la que peor ha movido sus fichas. La tormenta la ha empapado por la vía política, pero el diluvio pudo aún ser peor. «Cuando llueve tanto, las cloacas se desbordan», relata un buen conocedor de lo sucedido.