La decisión de esta conocida cadena de hostelería: activa un concurso de acreedores para garantizar su continuidad

El grupo solicita el concurso de acreedores de continuidad para el conjunto de establecimientos que se encuentran bajo su paraguas

Concurso de acreedores. Grupo Verbena.

Cuando una empresa no tiene la capacidad necesaria para saldar sus deudas puede entrar en concurso de acreedores, una opción recogida en la Ley concursal que permite a las compañías abordar su situación de insolvencia. El objetivo es que los acreedores puedan cobrar las cantidades que se les deben, pero también buscar soluciones para asegurar la continuidad del negocio y evitar la quiebra.

Una de las empresas que se encuentra en esta situación es Grupo Verbena. La firma hostelera de origen aragonés, que cuenta con cerca de una decena de establecimientos desplegados en la capital de la comunidad autónoma, ha arrancado el procedimiento después de tratar sin éxito emprender una reestructuración financiera de su pasivo.

Por qué entra en concurso de acreedores

Uno de los motivos tras la delicada situación que atraviesa el grupo, según ha asegurado la propia empresa, es una interpretación «inesperada» del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicado a concesiones administrativas por parte de la Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón.

Grupo Verbena ha señalado que el cambio de postura ha sido el culpable de generar una sobrecarga fiscal que ha impedido que la empresa cierre un acuerdo con las entidades financieras. En este contexto, se ha visto abocada a solicitar el concurso de acreedores de forma voluntaria para el conjunto de establecimientos que se encuentran bajo el paraguas del grupo.

Qué es un concurso de continuidad

La firma ha puntualizado que no se trata de un proceso de liquidación, sino de un concurso de continuidad. Dado que el propósito tras este tipo de concurso es mantener la sociedad activa con la vista puesta en el futuro, se intenta alcanzar un acuerdo de refinanciación con los acreedores con rebajas de la deuda y alargamiento de los plazos para facilitar el pago, desgrana el despacho de Domingo Advocats.

En contraposición, en los concursos de liquidación, se persigue el cierre de la empresa, puesto que la opción está dirigida a las empresas que son viables económicamente o no han llegado a ningún tipo de acuerdo con los acreedores. Por ello, en este caso se concreta un plan de liquidación para vender el conjunto de activos.

Otra diferencia crucial tiene que ver con la dirección de la sociedad. En los concursos de liquidación, la administración concursal toma las riendas del negocio a todos los efectos y cesa al equipo gestor, mientras que en los concursos de continuidad la dirección conserva su puesto, si bien sus facultades quedan intervenidas por la administración concursal, con la cual deben consensuar cualquier decisión.

Calificación del concurso de acreedores

Tanto en los concursos de liquidación como en los concursos de continuidad cuyo desenlace sea un convenio de acreedores con una quita superior a un tercio de los créditos o una espera mayor a tres años, se forma una sección de calificación que determina si el concurso es fortuito o culpable.

Jueces y Hacienda. Concurso de acreedores.
La calificación de culpable implica un conjunto de consecuencias para el empresario. Foto: Freepik.

El concurso se calificará como culpable cuando se detecta culpa del deudor en la generación de la insolvencia. Por ejemplo, si no ha solicitado la declaración del concurso en el plazo establecido en la normativa vigente, ha incumplido el deber de colaboración con la justicia y la administración del concurso o no ha depositado las cuentas en los últimos años.

La calificación de culpable implica un conjunto de consecuencias para el empresario, desde la inhabilitación para dirigir cualquier compañías hasta 15 años hasta la condena a cubrir el déficit que genere el concurso de acreedores, entre otras.

Los concursos de acreedores, en alza

Grupo Verbena se suma a los más de 18.000 concursos de acreedores que se han impulsado en el país en los últimos meses. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el segundo trimestre se han incrementado cerca de un 19%.

Ante este escenario, el organismo ha advertido que la tendencia al alza que arrancó en 2020, tras el estallido de la crisis sanitaria desencadenada por la propagación del coronavirus, se mantiene desde entonces de forma «prácticamente continua».

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