Las autonomías, contra el copago hospitalario

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Catalunya prevé compensaciones y el País Vasco estudia medidas legales para evitarlo

20 de septiembre de 2013 (17:30 CET)

Da igual el color político de las autonomías. Desde Castilla y León (del Partido Popular) hasta Andalucía (PSOE) o Catalunya (CiU), los gobiernos autonómicos han mostrado su rechazo al copago farmacéutico aprobado por el Ministerio de Sanidad.

El presidente de la junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quiere ponerle el freno a la nueva medida para que no llegue a aplicarse el copago del 10% --con un máximo de 4,20 euros-- en los fármacos de dispensación hospitalaria para tratamiento ambulatorio.

Compensación

Pero no es el único. El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, ha mostrado su rechazo a la disposición y ha asegurado que su departamento buscará medidas compensatorias para aquellos pacientes que no puedan sufragar los gastos. En un comunicado, el departamento concreta que se estudiarán mecanismos para que el cobro no suponga una barrera de acceso para ningún paciente.

Además, subraya que el Servei Català de la Salut está preparando un análisis poblacional y de consumo de estos medicamentos para analizar las consecuencias que pueda llegar a tener la medida aprobada por Sanidad.

Plazos fijados


Pero frente a las dudas de expertos sobre la capacidad para aplicar el cobro a partir del 1 de octubre, Salut asegura que su “voluntad es que los hospitales de la red pública cumplan con los plazos fijados”.

La recién estrenada presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha declarado que el gobierno regional estudiará el margen que tiene para hacer frente a la nueva medida. “El Gobierno andaluz no está de acuerdo con que el coste adicional lo sufran los ciudadanos sino que tienen que ser las grandes industrias farmacéuticas las que lo hagan", ha enfatizado.

El consejero vasco de salud, Jon Darpón, también se ha sumado a las objeciones. Ha criticado un copago que el Gobierno ha aprobado sin previo aviso ni negociación. Por ello, el gobierno autonómico ha asegurado que estudia medidas legales para no aplicar el cobro de estos fármacos.
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