Las grandes petroleras españolas pactan los precios de la gasolina

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UN MONOPOLIO EN LA PRÁCTICA

Una gasolinera del grupo Cepsa

en Barcelona, 25 de febrero de 2015 (13:36 CET)

Cinco de las mayores petroleras del país han sido multadas por acordar los precios de las gasolinas. Esas prácticas explican, en parte, el retraso en la repercusión de los descensos de la cotización del petróleo en las tarifas de las gasolinas.

La cuantía de las sanciones responde al volumen de mercado de cada una de ellas, no a que unas empresas amañen más los precios que las otras.  

32,4 millones de euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 32,4 millones de euros a cinco de las mayores petroleras del país, entre las que figuran Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil, por pactar precios.

En concreto, la sanción se emite por prácticas prohibidas en la coordinación de precios de los carburantes, así como por pactos de no agresión e intercambios de información realizados entre las empresas.

Repsol y Cepsa a la cabeza

De los 32,4 millones, las compañías que deberán asumir el grueso de la sanción son Repsol y Cepsa. La primera ha sido multada con 20 millones y la segunda, con 10 millones.

Repsol y Cepsa llegaron a un acuerdo sobre cómo pactar los precios de venta al público entre julio y agosto de 2011, al que siguieron los que vinculaban al resto de las compañías. En esta ocasión, de las grandes petroleras sólo escapa British Petroleum (BP).

Esta sanción se emite en paralelo al expediente que tramita el regulador acerca de los incumplimientos por parte de las petroleras de una resolución sancionadora de 2009 sobre la fijación indirecta de precios a empresarios independientes.

Peticiones de recusación

Este expediente dio origen a sendas peticiones de recusación del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y de dos consejeras planteadas tanto por Cepsa como por Repsol. La segunda de estas peticiones fue rechazada el pasado viernes por el pleno de la CNMC, mientras que la primera quedó desestimada en la sala de competencia del organismo.

Repsol había pedido que se apartase de un expediente sancionador en su contra tanto a Marín Quemada como a las consejeras María Ortiz e Idoia Zenarrutzabeitia por mostrar una "enemistad manifiesta", una "pérdida de imparcialidad objetiva" y un "sentimiento personal de rechazo".

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