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El Gobierno tiene a su alcance la vía judicial y penal, y la aplicación de leyes del estado que dejan al soberanismo sin margen para el referéndum

Manel Manchón

Economía Digital

Carles Puigdemont en una sesión de control parlamentario, ha asegurado que Junqueras ya "impulsa" el referéndum del 1-0. EFE/Toni Albir

Barcelona, 01 de junio de 2017 (07:55 CET)

“¿Qué medidas de fuerza piensan aplicar?, “Ha llegado la hora de que el Gobierno español diga qué significa estar dispuesto a todo, ¿A utilizar la fuerza?”, clamó este miércoles Carles Puigdemont en el Parlament, irritado. Las medidas del Gobierno para evitar el referéndum soberanista que quiere impulsar el gobierno catalán son extensas. El presidente Carles Puigdemont las debería conocer, porque, como representante del Estado en Cataluña, son las propias de un estado de derecho.

Sin embargo, el soberanismo se ha acogido a la posible coerción del Estado para buscar una salida política y provocar protestas en la calle que ejerzan presión de cara a las instituciones europeas.

Juristas consultados consideran que el Gobierno no tiene por qué llegar a ningún límite. Y es que dispone de la vía judicial, que implica la presentación de recursos ante el Constitucional para cada decisión que tome el parlamento catalán; también puede apelar a la ejecuciones de sentencia, previas del Constitucional, y dispone de dos posibilidades más, que, ciertamente, serían más duras, pero dentro de la cobertura de un estado de derecho.

Una de ellas es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que se debería aprobar en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Su aplicación no implica la suspensión de la autonomía, sino la asunción de competencias, de forma temporal, de la Generalitat.

“Eso quiere decir que se ordena a las autoridades catalanas que tomen tal o cual decisión”, explican las mismas fuentes.

El Gobierno puede asumir competencias de la Generalitat de forma temporal

La otra decisión posible, si la situación se complica, con protestas en las calles, es la aplicación de la ley de Seguridad Nacional, aprobada en septiembre de 2015, y avalada, finalmente, tras un recurso de la Generalitat de Cataluña, por el Tribunal Constitucional.

Una de las cuestiones que se debatía es la constitucionalidad del jefe del Ejecutivo de declarar la situación de interés para la seguridad nacional, que el Constitucional ha avalado.

Esa situación implica “una coordinación reforzada de las autoridades competentes”, dirigida por el Gobierno, pero con la implicación de todos los cuerpos de seguridad, incluidos los Mossos d'Esquadra. Es decir, la policía autonómica estaría llamada a colaborar en ese dispositivo.

Fuentes de los partidos soberanistas admiten que la cuestión de los Mossos es capital. Pero el gobierno catalán sabe, --aunque Puigdemont lo preguntara en el Parlament-- que no tiene margen de maniobra.

Los Mossos deben cumplir decisiones judiciales. A ello se añade que el consejero de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha manifestado que no colocará a los Mossos en una situación de ilegalidad.

El consejero Jordi Jané no llevará a los Mossos a cometer ilegalidades

El soberanismo, sin embargo, ha elaborado un discurso propicio para sus intereses. Y coloca en el campo del Gobierno de Mariano Rajoy la idea de la represión frente a la democracia, identificada con el proyecto del referéndum. Por ello, Puigdemont afirmó que “la criminalización del adversario es el preludio del autoritarismo”. Y remachó –de todo lo que se defienda ahora se deberá dar cuenta mañana-- que los partidos contrarios al referéndum, y citó al PP o Ciudadanos, “se podrán reír, pero quien se va a reír de felicidad serán los catalanes que podrán votar”.

La realidad, sin embargo, es otra y va en la dirección contraria al respeto de un estado de derecho. El movimiento soberanista ha ido elaborando doctrina para asesorar a todos los funcionarios, entre ellos los Mossos d'Esquadra.

La ANC difundió en marzo de 2017 un informe jurídico sobre la actuación de los Mossos.

La ANC constata que en la ley que regula el cuerpo policial, de julio de 1994, en su artículo 11 se detalla que entre sus principios de actuación deben “cumplir y hacer cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de autonomía y la legislación vigente”, y que deben obedecer los principios de jerarquía y de subordinación, y que “en ningún caso la obediencia debida no puede amparar órdenes que comporten la ejecución de actos que constituyan manifiestamente delito o que sean contrarios a la Constitución o a las leyes”.

La ANC propuso "suprimir" la obligación de respetar la Constitución para contar con los Mossos

Y la ANC, para 'salvar' esa circunstancia, proponía aprobar una ley en el Parlament, de forma previa a la convocatoria y celebración del referéndum, o también con la posibilidad de incluirla dentro de la Ley de Transitoriedad Jurídica que se prepara, lo siguiente: “Modificación de la ley de julio de 1994 –de los Mossos d'Esquadra-- de tal manera: Suprimir entre los principios de actuación: Hacer cumplir la Constitución; la obediencia debida no ampara actos contrarios a la Constitución”.

Es decir, lo que podría preparar el gobierno catalán es “suprimir” la obligación de los Mossos de respetar la Constitución.

La cuestión es que el gobierno de Puigdemont no tiene apenas margen. Es lo que le recuerda el Gobierno español. Sólo con la aplicación de las leyes del estado, Puigdemont no tendrá forma de celebrar el referéndum. Y si se producen manifestaciones en la calle, que puedan atentar contra la seguridad, serán los propios Mossos d'Esquadra los que deberán actuar.

Si Puigdemont todo eso lo sabe, ¿a qué está dispuesto el gobierno catalán entonces? ¿En qué condiciones quedará el independentismo el día después?

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