El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los Reyes de España en la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes que se ha celebrado este miércoles en el Palacio de Aranjuez. Sánchez no descarta aplicar la ley de Seguridad Naciona

Qué es la ley de Seguridad Nacional y a qué se exponen los Mossos

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Pedro Sánchez anuncia que aplicará la ley de Seguridad Nacional en Cataluña si se requiere para garantizar el orden público

Josep Maria Casas

Economía Digital

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los Reyes de España en la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes que se ha celebrado este miércoles en el Palacio de Aranjuez. Sánchez no descarta aplicar la ley de Seguridad Naciona

Barcelona, 03 de octubre de 2019 (04:55 CET)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a aplicar la ley de Seguridad Nacional (LSN) en Cataluña si se altera el orden público cuando se publique la sentencia del juicio del procés. Con esta ley, el Gobierno puede coordinar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluidos los Mossos d’Esquadra, aunque no puede tomar el mando directo de esta policía autonómica ni tampoco invadir las competencias de la Generalitat, tal como estableció en 2016 una sentencia del Tribunal Constitucional.

A diferencia del artículo 155 de la Constitución, por el que el Gobierno asume el control efectivo de la Generalitat, la aplicación de la LSN es más simple aunque sus efectos son limitados. No impediría que Quim Torra continuase al frente del gobierno catalán, si bien la policía autonómica, así como bomberos y otros efectivos de protección civil estarían obligados a coordinarse con sus homólogos del Estado.

La aplicación del artículo 155 en estos momentos –en periodo electoral, con el gobierno en funciones y el Senado disuelto– provocaría una tormenta legal de consecuencias imprevisibles. Aunque Pedro Sánchez aseguró que es perfectamente factible, los especialistas en derecho constitucional lo ponen en duda. En cambio, la aplicación de la ley de Seguridad Nacional sería rápida y sin complicaciones: mediante un real decreto, que aprobaría la diputación permanente del Congreso.

La LSN fue impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy y aprobada en 2015 con los votos del PP, PSOE y UPyD. Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos se opusieron. Entonces, el republicano Joan Tardà señaló que esta ley tenía por objetivo “abortar el proceso democrático” que se había abierto en Cataluña.

El Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso que presentó la Generalitat. No obstante, impuso una interpretación restrictiva. La sentencia obliga al estado a “respetar” las competencias autonómicas, aunque avala que el Gobierno español las puede “coordinar”.

Por lo que respecta a los Mossos, no le puede quitar el mando a la Generalitat aunque, en virtud de la LSN, puede imponer que se coordinen con las otras fuerzas y cuerpos de la Generalitat. Para asumir el control directo de los Mossos o de la Generalitat, eso solo es posible con el 155.

¿Un sucedáneo del 155?

En el preámbulo y en artículo 3 del título preliminar de la LSN, se indica que por seguridad nacional se entenderá “la acción del estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos”, pero también la acción para “garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”. Es un concepto extenso en el que todo cabe, aunque el Tribunal Constitucional impone limitaciones en la aplicación.

¿Es una ley pensada para actuar en Cataluña?

Aunque los diputados de ERC insistieron durante su tramitación en que la ley estaba pensada para actuar en Cataluña, en realidad, no contiene ninguna referencia a conflictos políticos territoriales. Tampoco a posibles alteraciones del orden público.

En su artículo 10 deja bien claro que los “ámbitos de especial interés” de esta ley serán “la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente”.

¿Quién está en el Consejo de Seguridad Nacional?

Es el órgano que asiste al presidente del Gobierno en la definición de las políticas de seguridad nacional. Tiene el rango de “comisión delegada del Gobierno”. Entre sus miembros natos está el presidente, la vicepresidenta, diversos ministros (Interior, Defensa, Justicia, Fomento, Economía, Hacienda, Industria y Asuntos Exteriores), secretarios de Estado, director del gabinete de la Presidencia, jefe del Estado Mayor de la Defensa y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En determinadas ocasiones, asiste el Rey.

También están invitados los representantes de las comunidades autónomas. El artículo 22 establece que, en la gestión de crisis, “participarán las autoridades de la comunidad autónoma que resulte afectada”. Por lo tanto, si el Consejo de Seguridad Nacional debate medidas de orden público en Cataluña, deberán estar presentes los representantes de la Generalitat.

¿Qué se debate en las reuniones del consejo?

Se pueden debatir desde alertas sanitarias a amenazas de terrorismo. Por ejemplo, en la reunión del 12 de abril pasado, la última de la que se informó de su contenido, se abordaron estrategias de seguridad aeroespacial y de ciberseguridad. No se habló del conflicto político catalán.

¿Qué papel tienen las autonomías?

El artículo 4 determina que la dirección de la política de seguridad nacional recae en el Gobierno y, concretamente, en su presidente. Sin embargo, se precisa que en la definición de estas políticas participarán todas las administraciones públicas de acuerdo con sus respectivas competencias. En el preámbulo incluso se abre la puerta a la participación del sector privado y de la sociedad civil en general.

¿Cuál sería el primer paso para actuar en Cataluña?

Primero se debería declarar una “situación de interés para la seguridad nacional”. El único que la puede declarar es el presidente del Gobierno mediante un real decreto. En la declaración debe constar, como mínimo: la definición de la crisis, el territorio afectado, la duración y posibles prórrogas, el nombramiento de una “autoridad funcional” y, lo más importante, la “determinación de los recursos humanos y materiales” para afrontar el problema. Entre estos recursos, estarían los Mossos d’Esquadra.

La LSN obliga al Gobierno a informar inmediatamente al Congreso de las medidas adoptadas. En ningún caso pueden suponer la suspensión de derechos fundamentales y libertades públicas.

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