Pedro Sánchez tiene sobre la mesa la Ley de Seguridad Nacional

A diferencia que el artículo 155 de la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional no quitaría competencias a Cataluña

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Pedro Sánchez está dispuesto a activar la Ley de Seguridad Nacional si se agrava la tensión en Cataluña. A diferencia del artículo 155 de la Constitución, se trata de una norma que no quitaría competencias a la comunidad. Desde Moncloa se habría confirmado a empresarios catalanes la plena disposición de Sánchez a dictar un decreto presidencial para poner en marcha la Ley, con el objetivo de evitar problemas de orden público y de perjuicio económico si se agrava la situación

El decreto se publicaría en el Boletín Oficial del Estado, si bien no requiere ni siquiera acuerdo del Consejo de Ministros, según recoge este miércoles El Mundo

Las intenciones de Sánchez se basan en los poderes que confiere al jefe del Ejecutivo el artículo 15 de la Ley de Seguridad Nacional que establece lo siguiente: «Corresponde al presidente declarar la situación de interés nacional». El artículo 24 de la misma ley le otorga capacidad de obligar, por decreto, a la Generalitat a «aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación».

La información del diario apunta que la Abogacía del Estado no ve problema alguno para que el presidente en funciones pueda firmar y aplicar este decreto, aunque tendrá que definir la crisis que lo motiva y el territorio al que se circunscribe. 

Al parecer, el plan gradual de reacción si se radicaliza el independentismo también contempla un decreto para tomar el control de los Mossos

Los Mossos reivindican su independencia ante el Govern

La dimisión del jefe de los Mossos en vísperas del 1-O ha causado agitación en la cúpula del Cuerpo. La inestabilidad en el Departamento de Interior ha provocado que los dirigentes reclamen su independencia. De hecho, han avisado al Govern de que no seguirán sus directrices políticas. 

Los Mossos prentenden así proteger su autonomía ante un otoño que auguran complicado por las movilizaciones previstas contra la sentencia del procés. El objetivo es no cometer los errores cometidos el 1-O, cuando se acusó a los mandos policiales del cuerpo de la ambigüedad de sus actuaciones, que se debatían entre la lealtad a los políticos de la Generalitat y el deber de cumplir las órdenes de jueces y fiscales.

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