Los abogados avisan que las nuevas tasas dispararán la morosidad entre empresas

Después del copago sanitario, las tasas en la Justicia. Su aplicación parecía inminente, pero la oposición frontal de jueces, secretarios judiciales, fiscales y abogados la ha retrasado unas semanas. Los ciudadanos tendrán que pagar por acceder a los tribunales en casi todas las jurisdicciones, a excepción de la penal y la social en primera instancia. Las pequeñas empresas también saldrán perjudicadas. El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, advierte: «España se convertirá en el paraíso de los deudores».

Las nuevas tasas judiciales fueron publicadas el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero a última hora el Ministerio de Justicia demoró su aplicación alegando que aún no existían todos los formularios para gestionar su cobro. El cambio ideado por Alberto Ruiz-Gallardón supondrá otro roto en el ya mermado bolsillo de los contribuyentes. A partir de ahora pagarán por algo que antes le resultaba gratuito.

Sólo las empresas con un volumen de facturación superior a los ocho millones de euros tenían que abonar tasas hasta ahora. Con la reforma de Gallardón esa obligación se extiende a los particulares y las pymes. ¿Qué jurisdicciones se salvan del pago? La penal en todos los casos y la social en primera instancia, por ejemplo, en los juicios por despido.

Justicia gratuita

En el nuevo régimen de tasas también habrá excepciones para procedimientos referidos a derechos fundamentales y algunos asuntos de familia y menores. No hay cambios para poder acceder a la justicia gratuita: para beneficiarse de ella deberá acreditarse que los ingresos de la unidad familiar no superan los 1.100 euros.

El Ministerio de Justicia ha dispuesto que habrá unas tasas fijas y otra variables que resultarán de aplicar un porcentaje (0,5%) sobre la cantidad reclamada. Lo mínimo que habrá de abonarse serán 100 euros por iniciar un procedimiento monitorio, el más frecuente en estos tiempos porque se plantea para cobrar una deuda.

«Justicia para ricos»

Con 7.000 letrados ejercientes, el Colegio de Abogados de Valencia ha sido uno de los más beligerantes en rechazar las tasas de Gallardón, que suponen «una barbaridad» porque atacan el derecho a la tutela judicial efectiva, según su decano, Mariano Durán. «Habrá una justicia para ricos, otra para la clase media y una tercera para pobres», sentencia.

La reforma castigará a los ciudadanos, pero las pequeñas empresas, que son la base del tejido económico de regiones como la Comunitat Valenciana, no escaparán a sus perjuicios. Durán asegura que las tasas premiarán al «pillo» y perjudicarán al cumplidor. Y da por sentado que disparán la morosidad entre empresas y entre particulares. «El demandado por un impago no paga la tasa; al contrario, la debe pagar el acreedor».

Administración morosa

En una situación de extremas dificultades para tener liquidez, muchas pymes desistirán de acudir a la Justicia porque no les compensará, en opinión del máximo responsable de los letrados valencianos. Pero también saldrán perjudicadas si las la morosa es alguna Administración ya que también habrán de pagar por acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

En la práctica, ese pequeño negocio o el ciudadano de a pie quedarán a merced de las administraciones y de las grandes corporaciones, que sí disponen de medios y personal para pleitar, si es necesario, hasta las últimas instancias judiciales.

Reducir la litigiosidad

Entre otros argumentos para defender las tasas, el Ministerio sostiene que reducirán la litigiosidad. El año pasado entraron nueve millones de asuntos en los juzgados españoles, de los cuales más de un millón correspondieron a la Comunitat Valenciana. Y, además, Justicia esgrime que espera ingresar más de 300 millones de euros por estos cobros.

El decano de los abogados de Valencia cuestiona que el Ministerio vaya a recaudar esa cantidad «que no sabemos de donde sale». En teoría, letrados y procuradores ganarán menos con este sistema ya que menos ciudadanos y empresas contratarán sus servicios. Sin embargo, Durán le resta importancia a esa posibilidad. «Los abogados siempre nos adaptaremos a las nuevas circunstancias del mercado», comenta.