Los ciudadanos que recurran una resolución judicial deberán pagar una tasa

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Gallardón anuncia que los recursos ya no serán gratis y que el impuesto pagará la renovación de la judicatura

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón

25 de enero de 2012 (10:58 CET)

Los ciudadanos que no estén de acuerdo con el veredicto en primera instancia de un órgano jurisdiccional y quieran exigir un recurso de segunda instancia ante un órgano superior deberán pagar una tasa que irá destinada a la renovación de las instituciones judiciales.

Así lo ha asegurado el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, durante una intervención en el Congreso de los Diputados en la que también ha defendido la decisión del Gobierno, adelantada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de dejar que vuelvan a ser los jueces los que elijan los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura.

"Evitar abusos"


"Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha anunciado el ministro de Justicia, para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera.

Estarán exentos de pago las personas que acrediten falta de recursos, y este mismo control se aplicará al modelo de justicia gratuita, ya que se exigirá la acreditación de falta de recursos para poder disponer de abogado de oficio, según anunció Ruiz-Gallardón. También en caso de recurrir la primera resolución que se obtenga, se revisará de nuevo la situación económica del solicitante para poder seguir haciendo uso de la justicia gratuita en los recursos.

Renovación CGPJ


Así, se reformará el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces- superando "cuotas partidistas". Se actuará también en las competencias del Supremo y del Constitucional, y respecto a este último ha propuesto una superacion del "pasado" para reformar a sus miembros de modo que sus nombramientos no respondan a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios.
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