Los Pujol intentan que la juez deje a Banco Madrid fuera de su caso

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La defensa de la familia del ex presidente mantiene que la entidad financiera sólo ejecutó un proceso típico de apertura de cuentas para regularizar ante Hacienda y reitera la inexistencia de delito fiscal

Xavier Salvador

Jordi Pujol y Marta Ferrusola (en el centro), hablan con el presidente de la comisión sobre el fraude fiscal, David Fernández, bajo la mirada de su abogado, Cristóbal Martell
Jordi Pujol y Marta Ferrusola (en el centro), hablan con el presidente de la comisión sobre el fraude fiscal, David Fernández, bajo la mirada de su abogado, Cristóbal Martell

Barcelona, 06 de abril de 2015 (21:17 CET)

Los Pujol están empeñados en que se archive el proceso abierto contra ellos en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona tras descubrirse la existencia de una supuesta herencia millonaria depositada en Andorra y escondida ante la Hacienda española. A finales de la semana pasada, el matrimonio formado por Jordi Pujol y Marta Ferrusola, así como sus hijos Pere, Marta y Mireia, solicitaron a la juez Beatriz Balfagón que no considere la petición de Manos Limpias para que Banco Madrid –la entidad que se constituyó en depositaria de sus fondos tras ser repatriados de la BPA andorrana– sea imputada en la causa.

La cúpula del banco, que cooperó con los Pujol en el regreso de la supuesta herencia, ha sido acusada por el sindicato Manos Limpias de colaborar en un presunto delito de blanqueo de capitales.

Mismo grupo bancario, mismo directivo

Se da la circunstancia de que el consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA) y Banco Madrid (filial española del primero) eran la misma persona: Joan Pau Miquel Prats. El alto directivo se encuentra en prisión por orden judicial tras descubrirse que su entidad (y él directamente) habría participado en procesos de blanqueo de capitales procedentes de actividades criminales.

Ambos bancos, además, han sido intervenidos por las autoridades financieras de los dos países. Banco Madrid está, asimismo, en pleno proceso de concurso de acreedores y bajo tutela judicial.

En el escrito presentado ante la juez por la defensa de los Pujol se esgrimen tres argumentos para dejar fuera del caso al banco en el que se abrieron las cuentas con las que atender los pagos a Hacienda.

Información facilitada y disponible

El primero señala que Banco Madrid no fue cooperador necesario con los Pujol al "colaborar en un hecho atípico del autor [los Pujol]". La segunda argumentación defensiva se fundamenta en la actuación que el banco tuvo con el propio juzgado al facilitar toda la información que le fue requerida sobre cómo se llevó a cabo el proceso de tránsito del capital de los Pujol a España –con advertencia al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España incluida– de forma "típica" que "no merece reproche".

Cristóbal Martell y Albert Carrillo, los dos juristas encargados del caso por la familia del ex presidente catalán, insisten en su argumentación de que Banco Madrid sólo tuvo una participación usual en un proceso de regularización que se llevó a cabo teniendo en consideración la legislación española (el Código Penal y la más reciente ley impulsada por el ministro Cristóbal Montoro que permitió la última regularización fiscal masiva en España). Los clientes de los letrados y del banco habrían realizado, de acuerdo con el escrito de alegaciones, un proceso de puesta al día con Hacienda de corte ortodoxo una vez que repatrían su dinero.

Cuentas y fondos finalistas

En defensa de la actuación de la entidad financiera y como tercera alegación, los defensores de los Pujol insisten en que Banco Madrid abrió las cuentas de cuatro de los imputados con el único fin de realizar los pagos a la Agencia Tributaria, que así consta en la documentación que ya posee el propio juzgado que instruye el caso y que incluso muestra con claridad que "hasta tanto finalice el proceso de regularización, los saldos depositados en la entidad se mantendrán inmovilizados".

Más allá de las alegaciones concretas realizadas por los Pujol ante la magistrada Balfagón, en el subyacente de este proceso judicial se dirime si la familia del político catalán cometió o no delito fiscal. Su defensa sostiene que no ha lugar esa consideración, puesto que el 14 de julio de 2014 realizaron las declaraciones complementarias de sus bienes en el extranjero antes de ser requeridos por la Administración. En consecuencia, el caso debería archivarse y seguir únicamente el curso administrativo abierto con la Agencia Tributaria.

¿Son suficientes los requerimientos?

Otros actores de este proceso, como la acusación particular o la fiscalía, intentarán demostrar que sí existió ese ilícito penal que la defensa rechaza. El hecho de que la familia recibiese requerimientos de información de Hacienda en enero de 2013 sobre la eventual posesión de bienes en el extranjero no regularizados, aunque decayó por la vía administrativa, es ahora una de las claves del caso. Aunque no llegó a producirse una investigación previa de la AEAT, esos requerimientos pueden convertirse en una de las argumentaciones para que la juez mantenga el caso activo y a la espera de informaciones relevantes procedentes de Andorra y de otros ámbitos de investigación sobre los que trabaja el Ministerio Público.

Se da la circunstancia de que los Pujol mantenían saldos abiertos por importe de alrededor de 1,5 millones de euros en Banco Madrid cuando se produjo su intervención por las autoridades financieras españolas. De acuerdo con las cautelas que establece el Fondo de Garantía de Depósitos, la familia del ex jefe del Gobierno catalán perderá casi 1,1 millones por haber elegido ese banco.

El encarcelado Joan Pau Miquel, en su condición de máximo ejecutivo de la entidad andorrana y de la española, colaboró de forma directa en el verano de 2014 con la familia Pujol en la repatriación de los fondos, según ha sabido este medio en fuentes financieras conocedoras de la operativa. De hecho, la interlocución se estableció con Jordi Pujol Ferrusola y con los asesores legales de la familia.
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