Mas se liga a la suerte del ex tesorero de CDC

stop

'CASO PALAU'

24 de octubre de 2013 (13:34 CET)

Convergència Democràtica vive atenazada por el Caso Palau, --con su sede de la calle Còrsega de Barcelona embargada--, aunque trate de sortear la cuestión judicial, con una defensa cerrada sobre la actuación del partido y el “convencimiento de que no ha habido ninguna irregularidad”.

El presidente de la Generalitat, y presidente de CDC, Artur Mas, compareció justo antes de las vacaciones del mes de agosto en el Parlament, dejando claro que, en última instancia, el único responsable podría ser el ex tesorero Daniel Osàcar, a quien el fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, ha solicitado siete años y medio de cárcel.

Y, tras esa decisión del fiscal, el partido ha reiterado su única apuesta, la defensa de Osàcar, a riesgo de otras actuaciones, de las que Mas, en todo caso, y si se llegan a probar, nunca llegó a conocer. Así se pronunció Mas en el Parlament tras comprometerse a devolver el dinero, si se demuestran las acusaciones.

Rechazo del posible lucro

En el comunicado de este jueves, CDC “subraya la irreprochable actuación de Daniel Osàcar como responsable de las finanzas del partido y de su predecesor en el cargo, Carles Torrent”.

La dirección del partido, que sigue desorientado tras la imputación de su secretario general, Oriol Pujol, en el caso ITV, ha reiterado su posición en el caso Palau. “Ni CDC, ni la Fundació CatDem, ni niguna persona con relación orgánica con nuestro partido se han lucrado nunca ni del Palau de la Música ni de las instituciones de las cuales depende”.

El partido insiste en que, aunque seguirá “colaborando con la justicia para esclarecer todos y cada uno de los hechos que se imputan”, no hay nada todavía tangible y que esos hechos que señala el fiscal se consideran “falsos y no probados”.

Tráfico de influencias


Convergència asegura que utilizará “todos los mecanismos que tiene a su alcance para defender su absoluta inocencia, ante el convencimiento de que no ha habido ninguna irregularidad”.

El fiscal Sánchez Ulled acusa a Osàcar de haber recibido fondos ilícitos que Ferrovial habría pagado al partido a cambio de adjudicación de obra pública. Por ello le pide, por supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, 20 millones de euros, al margen de la pena de cárcel.

Otro ex dirigente de Convergència, el veterano Jaume Camps, que fue diputado de la formación nacionalista, está acusado de tráfico de influencias, y el fiscal pide una multa de 10 millones de euros.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad