Millet desquebraja el futuro de Mas (y del proceso)

El expresident tendrá muy complicado ser ahora candidato a la Generalitat, y el caso Palau abre las puertas a que Junqueras tome las riendas del independentismo

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Fèlix Millet rompió este miércoles el futuro de Artur Mas, con la posibilidad de que el presidente del Pdecat pudiera ser candidato a la Generalitat. Sus devastadoras declaraciones, admitiendo un triángulo en el que la empresa Ferrovial aportaba donaciones al Palau de la Música que iban a Convergència a cambio de obra pública, previa comisión para él mismo, dejan a Mas en una situación de extrema debilidad.

Mas se apresuró a asegurar que dará cuenta de todo ello, pero cuando declaren los principales acusados. Puede ser cosa de varios días. La oposición le exige que acuda al Parlament para que explique esa relación con Ferrovial, tras la declaración de Millet, y de Gemma Montull, directora financiera del Palau en aquellos años, e hija de Jordi Montull, la mano derecha del “jefe” del Palau.

Todo ello obliga a Mas a tomar decisiones en los próximos días, porque sigue siendo el presidente del Pdecat, el partido que ha sustituido a Convergència. La propia dirección del partido, muy cauta, pero perpleja ante todo lo que se difundió este miércoles, necesita pasar página cuanto antes, y desmarcarse de una época marcada por la financiación irregular del partido. Mas, sin embargo, sigue ahí. Como ocurrió con la confesión de Jordi Pujol, que le llevó a dimitir de sus cargos orgánicos en CDC, Mas está llamado por su propio partido a tomar una decisión similar. En caso contrario, morirá –políticamente– con él.

Hasta ahora, y según lo declarado por Fèlix Millet, el cortafuegos es Daniel Òsacar, que declarará como acusado en el juicio, y que ejercía de tesorero de CDC. Pero, ¿hasta qué punto el presidente del partido, Artur Mas, puede quedarse al margen de ese incendio, máxime cuando declaró, en diferentes entrevistas, que ponía la mano en el fuego por sus tesoreros y que desmentía esos cobros del 3% por las obras públicas concedidas?

Mas, hasta este miércoles, tenía claro que quería volver. Con estrechos colaboradores, con los que mantiene contactos, ha ido preparando el terreno y trazando una estrategia para plantar cara al Estado intensificando el proceso soberanista. Pero ahora todo eso se puede desmoronar. También el propio proceso independentista, con el referéndum en primer término. ¿Por qué?

Esquerra Republicana ha sido muy prudente en las últimas semanas. Su líder, y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, era consciente de que se acercaba el juicio del Palau de la Música, y también de las intenciones de Mas de volver a ser candidato. No se trata de una posible inhabilitación por la causa del 9N. Lo que toda la dirección de Esquerra sabía era que el juicio del Palau podía resultar un punto de inflexión, y que podía brindar al partido la apertura de una vía nueva: no forzar las cosas, convocar el referéndum, pero, si resulta imposible, ir a elecciones y resituar la política catalana desde la presidencia de la Generalitat.

¿Puede el soberanismo, desde las filas del Pdecat, o desde sus ámbitos de influencia reprochar algo a Esquerra, si se muestra tibio con el referéndum, después de las declaraciones de Millet y Gemma Montull? Fuentes nacionalistas consideran que Esquerra tiene una misión principal: sin renunciar al proyecto independentista, el objetivo es pasar página y dejar atrás toda una época marcada por una forma de actuar muy concreta, con la supuesta financiación ilegal de CDC a través de empresas que se veían beneficiadas por la concesión de obra pública. Eso no implica dejar de lado al Pdecat, pero siempre que su actual dirección sepa iniciar un nuevo ciclo, con dirigentes no contaminados por esas prácticas irregulares que Fèlix Millet describió con auténtica crudeza.

Esquerra sabe que todo lo que dijo el presidente Carles Puigdemont en el Parlament, en la sesión de control, en el mismo momento en el que declaraba Millet en el juicio del Palau, fue propio de una obra de Ionesco, puro teatro del absurdo. Puigdemont afirmó que había llegado la hora de soltar el hámster (sinónimo del proceso, como un monotema que gira y gira y que ha popularizado el periodista Jordi Basté en Rac1). “El hámster ha salido de la jaula y ha dejado de rodar”, espetó, con la idea de que ahora va en serio y que se celebrará un referéndum de autodeterminación, después de reiterar que ahora en su Govern no hay casos de corrupción.

Antes de que eso se compruebe, la posibilidad real o no de que el soberanismo se eche la manta a la cabeza y pretenda celebrar el referéndum con todas las consecuencias, Mas será forzado a comparecer en el Parlament para explicar su supuesta relación con el 3%. Esquerra no podrá parar las peticiones de la oposición. Y las condiciones para seguir adelante, de ERC junto al Pdecat, serán muy distinas. Porque ¿ha avanzado mucho la preparación del referéndum, teniendo en cuenta que Oriol Junqueras debería ser el máximo impulsor, como se acordó en el seno de Junts pel Sí?

Doce años después, se ha ido concretando las sospechas del expresidente Pasqual Maragall. Las lanzó en el Parlament, después de leer un editorial de El Periódico de Catalunya. Era el 24 de febrero de 2005. Maragall, angustiado por el accidente del metro en El Carmel, se hacia suyas las palabras del diario que dirigía en aquel momento Antonio Franco.

En el texto se decía que “llega la hora de investigar, por ejemplo, si todo lo que se dice en Cataluña sobre el destino del 3% del dinero de las obras públicas adjudicadas años atrás ha acabado influyendo en el grosor de los encofrados o en el número de catas en El Carmel”. Se añadía que “también es la hora de lamentar que la nueva Administración catalana (el tripartito entonces), esté tardando tanto tiempo en sentar, de una vez, unas nuevas reglas de juego en las adjudicaciones”.

Sin embargo, fue el último gobierno de Jordi Pujol, con Artur Mas como ‘conseller en cap’, quien adjudicó las tres grandes obras que el tripartito se encargó, posteriormente, de presupuestar cada año. Se trata de la Ciudad de la Justicia, la Línea 9 del Metro, y el Canal Segarra-Garrigues. En las dos primeras, hay sospechas –se verá en el juicio– de que Convergència cobró comisiones por parte de las empresas.

Y eso, ahora sí, lo cambia todo.

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