Munté denuncia el bloqueo del Estado en políticas sociales

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DERECHO A DECIDIR

21 de septiembre de 2013 (13:33 CET)

Neus Munté, la consellera de Benestar i Familia, apuesta por el diálogo. Procede de la UGT, y es uno de los miembros del Govern de Artur Mas mejor valorados, junto al conseller de Política Territorial, Santi Vila. Los dos han querido iniciar un camino de diálogo con el Gobierno central. Pero Munté se ha encontrado, según la propia consellera, con un bloqueo por parte del Gobierno central, producto de las restricciones presupuestarias.

Lo cierto es que esa falta de partidas económicas, ha obligado a Muntñe a recortar el 20% de las ayudas a los discapacitados físicos y mentales, que se habían puesto en marcha para que pudieran llevar una vida autónoma.
Se trata de una de las últimas medidas, aunque los recortes han sido constantes por parte del Govern de Artur Mas en los dos últimos años.

La consellera, en una entrevista este sábado en el programa Converses de la Cadena Cope, asegura que se siente “amargamente crítica” con la actitud del Gobierno central, porque, “a pesar de que el tono y las formas son muy correctas y existe una voluntad de diálogo, lo cierto es que existe un bloqueo en el ámbito de las políticas sociales”.

Las expectativas frustradas

Todo parte, también, de las expectativas. Munté ha afirmado, como lo han denunciado diferentes responsables políticos de otras fuerzas políticas, que la Ley de Dependencia era “muy ambiciosa”. Se trataba de poner en marcha la cuarta pata del Estado de Bienestar. La impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con las reticencias de CiU, porque entendía que se invadían competencias autonómicas.

El problema es que “no se dotó la ley de la previsión presupuestaria necesaria”, y, ahora, las autonomías no pueden responder a las expectativas creadas. Respecto a la financiación, el acuerdo fue que se dividirá al 50% entre el Gobierno central y las autonomías. Una respuesta equitativa que ahora es completamente diferente. “El Estado aporta sólo el 20%, y las comunidades financiamos el 80%, en un momento en el que debemos recortar para cumplir con el déficit”, asegura. Esa desproporción es lo que lleva a Munté a denunciar la actitud del Gobierno central.

Proyecto nacional y social


“Ocurre también en otros ámbitos, como el 0,7% del IRPF, la casilla de la declaración de la renta. Lo que sale de Catalunya en ese capítulo, para dedicarlo a fines sociales, no vuelve”, afirma Munté, que recuerda el discurso oficial del Govern de la Generalitat sobre el déficit fiscal.

Por ello, la consellera establece una relación entre el proyecto soberanista y la defensa de política sociales. “Lo nacional está claramente relacionado con lo social, y, con un estado propio esa sería una de las prioridades que se podrían cubrir”, sentencia.
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